El Juzgado de Garantía de Iquique, en la audiencia de revisión de medidas cautelares por el caso luminarias realizada este jueves, concedió a solicitud de las defensas de los imputados, la libertad diurna para los ex concejales Guillermo Cejas y Felipe Arenas y para el ex funcionario municipal Tomás Vodnizza, quienes pasaron del arresto domiciliario total al arresto domiciliario nocturno. Asimismo, quedaron con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con funcionarios públicos.
De esta forma, a partir de este mismo jueves tanto Cejas, como Arenas y Vodnizza podrán circular libremente durante el día, debiendo regresar a sus casas a las 20:00 horas.
De acuerdo a lo aceptado por el juzgado, en base la petición formulada por sus defensas, la cual contó con la venia de la Fiscalía de Iquique, los tres imputados podrán salir a partir de las 8 de la mañana de sus domicilios.
En el caso del ex SEREMI del Deporte Johan Vieira, el principal nexo en las coimas pagadas en el caso luminarias desde la empresa Itelecom a funcionarios municipales y concejales, pese a que la Fiscalía y los abogados querellantes particulares solicitaron su prisión preventiva por quebrantar el arresto domiciliario total, el tribunal determinó que deberá continuar cumpliendo con dicha medida además de arraigo nacional y prohibición de contactarse con funcionarios públicos.
Al término de la audiencia, el abogado querellante Matías Ramírez, señaló que “el único que quedó con arresto domiciliario total es Johan Vieira, en razón de los incumplimientos. El tribunal en este caso rechazó la solicitud que presentó la Fiscalía y nosotros como querellantes, estimando que los incumplimientos de Vieira no eran graves”.
Respecto a los ex funcionarios municipales Daniela Vargas y Roberto Guisa, los ex concejales Mitchel Cartes y Arsenio Lozano, y los particulares Pedro Guerra, Cristian Ureta y Gustavo Proby, imputados también como autores de los delitos de cohecho reiterado, soborno y fraude al fisco, todos quedaron con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a funcionarios públicos. En sus casos, el magistrado Frederick Roco acogió la propuesta del Ministerio Público y las defensas, por considerarla adecuada y proporcional a los fines del procedimiento, dejando sin efecto el arresto domiciliario total que les afectaba.
Según el Ministerio Público, una investigación iniciada en 2018, permitió detectar que los concejales y los funcionarios municipales habrían aceptado, a cambio de un beneficio económico, entregar a empresas que participaban en la licitación de recambio de luminarias públicas en la ciudad, acceder a información de la etapa previa de elaboración de las bases, incluso proponer montos para las ofertas más elevadas, lo que les permitiría asegurar beneficio económico y la adjudicación final de la licitación. En dicho contexto, Vieira habría actuado como intermediario local de dichas empresas para proceder al pago del soborno comprometido. Los ilícitos se habrían perpetrado entre septiembre y octubre de 2018.
