El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó este lunes 8 de noviembre a Roberto Ignacio Maldonado Castro a la pena de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de homicidio simple. Ilícito perpetrado en septiembre de 2019 en la avenida Comandante San Martín de la ciudad.
La resolución dio por acreditado que el 21 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 4.20 horas, en la vía pública, en el sector de las pérgolas de los tetrápodos, ubicados en las proximidades de las ramadas en el sector del Morro de Arica, la víctima Adam Ignacio Camus Mollo y sus amigos, se encontraban celebrando fiestas patrias y su cumpleaños. En ese momento se acercaron cuatro sujetos dentro de los cuales se encontraba el acusado Roberto Maldonado Castro, quienes comienzan a increpar al agraviado indicándole que le debía la suma de $ 5.000, hecho que niega Camus Mollo, por lo que al menos dos de estos sujetos procedieron a golpearlo.
La víctima se agachó para cubrirse de la golpiza y es en ese instante que Maldonado Castro le propina un golpe con una botella de vidrio en el sector izquierdo de la cabeza, huyendo del lugar, siendo retenido a los pocos minutos por la víctima y su grupo de amigos y puesto a disposición de personal de Carabineros que se encontraba en el lugar.
A los minutos de ocurrido estos hechos, la víctima se desplomó en la vía pública, producto de tal golpe, “el cual le causó un traumatismo encéfalo craneano que decantó en una gran hemorragia subdural, arribando a urgencias del hospital regional de Arica en extrema gravedad, lugar donde personal médico realiza una serie de maniobras de salvataje, en especial una craneotomía para disminuir la presión intracraneana. Luego de la intervención queda hospitalizado en la UCI del recinto asistencial, falleciendo el 23 de septiembre de 2019 a las 11.05 horas, producto de la lesión causada por el acusado”.
En fallo unánime, el tribunal aplicó a Maldonado Castro las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas del juicio.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
