En relación al fallo de la Corte Suprema que obliga a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI) a pagar 9 mil millones de pesos a la Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Alcantagua por el uso del terreno donde se encuentra emplazado el CESFAM Cirujano Aguirre, el alcalde Mauricio Soria señaló que como municipio emprendieron acciones judiciales porque tienen la certeza jurídica que el terreno donde se emplaza el CESFAM es fiscal.
“Cuando tú construyes una cantidad de casas en un sector, la misma Ley General de Urbanismo aplica que se debe dejar espacio de todo ese loteo para equipamiento que pasan a ser públicos, que pasan a ser del Estado por el sólo ministerio de la ley”, precisó.
Soria comentó que si bien la Cooperativa construyó 40 viviendas en las inmediaciones del CESFAM, y asegura que está la documentación que certifica que el terreno donde se emplaza el consultorio es fiscal. Agregó que así lo entendió el consejo regional presidido por la intendenta Luz Ebensperger cuando se aprobaron recursos para ampliar el CESFAM, siendo aprobado por Contraloría.
Señaló que si bien la CORMUDESI fue demandada, como municipalidad perseverarán en la defensa de que los terrenos son fiscales. Para pagar parte de la deuda, a CORMUDESI se el embargarán 22 vehículos que se utilizan en la prestación de servicios de salud y educación.
“Vamos a dar la pelea, vamos al espíritu, a su fin. Esos terrenos fueron donados por la municipalidad de Iquique para que una cantidad de familias pudiera cumplir el sueño de la casa propia y eso se cumplió, y después quieren hacer negocio con terrenos que son del Estado, son del fisco, son propiedad de la municipalidad de Iquique y buscan un subterfugio por ahí. Aquí entendíamos todos, la Corte de Apelaciones de Iquique, el juez de primera instancia que eran terrenos fiscales. Lo entendió así la SEREMI de Bienes Nacionales cuando firmó los decretos, el decreto presidencial firmado por Patricio Aylwin para construir. Lo entendieron así en el consejo regional cuando fue visada la inversión para su remodelación. ”
Mientras que el abogado de la Cooperativa Alcantagua, Marcos González, aclaró que el juicio viene desarrollándose desde el 2015, desde entonces haciéndole ver al municipio que existían papeles que respaldaban la postura de la Cooperativa.
Aclaró que fue en 1989, cuando era alcaldesa Mirtha Dubost que se tomó la determinación de construir el CESFAM en los terrenos de propiedad de la Cooperativa, y que consta que el mismo Conservador de Bienes Raíces se negó a inscribir una inscripción de dominio de papel.
“Esto se hizo en el año 89, nada que ver todavía con la administración actual de los alcaldes electos en democracia. Y como se hacían las cosas de hecho, en esa época llegaron, se instalaron. Esto se representó ante la Contraloría y el Conservador de Bienes Raíces en su oportunidad. Tanto el uno como el otro le representaron a la municipalidad la ilegalidad de la ocupación del terreno porque tenía un título inscrito a mayor cabida donde se tenía que desarrollar por la Cooperativa un terreno de equipamiento que quedó trunco”, explicó.
Agregó que desde 2015 a la fecha la municipalidad tuvo tiempo suficiente para regularizar la situación y que no ha hecho ninguna gestión para acatar el fallo.
Sobre el valor de la indemnización indicó que en el transcurso del proceso éste ha ido en aumento. En el juicio inicial se tasó en 1.700 millones, luego al aumentar la ocupación del terreno se incrementó a 2.400 millones hasta valorizarse en 9 mil millones la tasación por ocupación ilegal.
Por último, González señaló que además del embargo cuentan con otras herramientas legales para hacer efectivo el pago de la deuda. En este sentido, señaló que le llama la atención que el municipio diga que no tiene recursos para regularizar la situación del CESFAM cuando por otra parte se observa que sí hay fondos para horas extraordinarias e indemnizaciones a todo evento.
