Por unanimidad, 138 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y particular, el proyecto de la Pensión Garantizada Universal, PGU.
La iniciativa gubernamental establece un aporte mensual de 185 mil pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población.
Dentro de los objetivos del proyecto, se encuentran ampliar y fortalecer el pilar solidario para el sector pasivo de la población, por la vía de crear una “Pensión Garantizada Universal” (PGU) que según detalló el Ejecutivo, llegará a cerca de 2,4 millones de personas.
En detalle, la PGU se define como un beneficio no contributivo, pagado mensualmente a mayores de 65 años, se encuentren estos o no integrados a algún régimen previsional. Junto a esto, se precisa lo que se entenderá por “pensión inferior”, “pensión superior”, “pensión base” y pensión autofinanciada de referencia”.
Conforme a lo expuesto por el informe de Hacienda, la propuesta implica un mayor gasto total de 965.836 millones de pesos en 2022. Se espera llegar a más 4.2 billones al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
El gasto que represente esta ley se financiará con la eliminación o modificación de exenciones tributarias; con la provisión de recursos incluidos en la Ley de Presupuestos 2022; y con reducción del aporte anual obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones.
Serán beneficiarios de la PGU aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Haber cumplido 65 años de edad.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población. En este punto se describe lo que se entenderá por grupo familiar.
- Acreditar residencia en Chile no inferior a 20 años continuos o discontinuos, contados desde que el pensionado haya cumplido 20 años de edad. En todo caso, el lapso no podrá ser inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud para acogerse al beneficio.
- Contar con una pensión base inferior a la pensión superior (un millón de pesos).
El proyecto ahora pasa a ser discutido y posteriormente votado por el Senado, instancia en la que la oposición espera subsanar los problemas de financiamiento que acusó.
