La Cámara de Diputadas y Diputados votó, en primer trámite, el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias para recaudar dineros que permitan solventar la Pensión Garantizada Universal, PGU, que impulsa el Gobierno, siendo aprobado con impuesto a los súper ricos.
En general, el objetivo de la iniciativa, que complementa la ley corta que creó el beneficio, es incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.
Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que establece un aporte mensual de 185 mil pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población y considera dineros equivalentes al 0,95 por ciento del PIB.
Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4,2 billones de pesos al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
En detalle, la propuesta, despachada a segundo trámite, pasó por los siguientes cambios sustanciales:
- Define una tasa de impuesto único a las ganancias de capital de 10%.
- Reduce por dos años el crédito especial a las empresas constructoras en el IVA y, luego, lo elimina.
- Termina con beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011.
- Grava con impuesto a la herencia los seguros de vida.
- Crea un impuesto especial al patrimonio afecto a las personas más ricas del país.
Conforme al informe financiero, las exenciones en el mercado de capitales serían las primeras en entregar sus aportes en 2022. Con ellas se incorporarían más de 43 mil millones de pesos. Al año 2025, con todas las nuevas imposiciones operando, se tendría un mayor ingreso fiscal por 563 mil 979 millones de pesos.
Lo anterior excluye el impuesto a los súper ricos que, al ser una materia introducida en la Comisión de Hacienda por diputados de oposición, no fue parte del informe financiero del Ejecutivo.
Por otra parte, sí se consideraban otros 333 mil 540 millones de pesos que iban a provenir de gravar con IVA a todos los servicios (incluía excepciones), norma que no resultó aprobada en la citada comisión.
El texto se aprobó en su idea de legislar por la unanimidad de los presentes. En particular, en tanto, se ratificaron dos de las normas cuya votación separada fue solicitada.
En la oportunidad, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo reserva de constitucionalidad por el impuesto a los “súper ricos”, por ser materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
