El programa piloto de Defensa Penal Penitenciaria de Tarapacá fue renovado por un nuevo período, debido a su efectividad y a las necesidades de la población de internos condenados que permanecen en la zona. Esta iniciativa había cumplido en diciembre un semestre de aplicación, con más de 600 casos atendidos.
La extensión de este servicio permitirá que continúe la atención proactiva a todas las personas que cumplen penas privativas de libertad en los recintos penitenciarios, servicio que se brindaba anteriormente sólo a quienes lo solicitaban.
Jorge Díaz, defensor penal penitenciario que ha estado a cargo de aplicar este modelo de atención, explicó que “este cambio de paradigma nos permite lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia en todo aspecto, lo que tiene un impacto muy positivo en la población de los recintos carcelarios y sus procesos de reinserción social. Y esto se produce porque podemos intervenir desde el primer momento en que una persona comienza a cumplir su condena”.
La Defensoría Regional de Tarapacá implementó este programa piloto desde el 1° de julio del año pasado, como una forma de complementar la línea especializada de Defensa Penal Penitenciaria. A diferencia del nuevo plan, ésta enfoca su atención a los casos en que el condenado solicita expresamente asistencia jurídica.
Díaz explicó que prioritariamente se vela por el cumplimiento de las medidas de seguridad en la vida de quienes comienzan a cumplir condena y también se abordan sus requerimientos en materia de educación y trabajo. “Estas tareas apuntan a su reinserción social y laboral en colaboración al trabajo desplegado por Gendarmería de Chile”, acotó.
En concreto, el modelo universal presta asesoría jurídica a las personas condenadas y privadas de libertad con el monitoreo y cautela de sus derechos humanos, con énfasis prevenir y denunciar actos de violencia institucional.
Para Tarapacá la extensión de esta iniciativa asegura el trabajo integral que supone la defensa penitenciaria y la continuidad del criterio de universalidad. “Tal labor se constituye en un aporte efectivo de la Defensoría para el objetivo de terminar con los circuitos criminógenos que impiden, a quienes cumplen condena en prisión, verdaderas posibilidades de reordenamiento de sus vidas y proyectos”, sostuvo Díaz.
