Ante el aumento descontrolado del hurto y robo de cables en la comuna, el alcalde Gerardo Espíndola mandató a las unidades pertinentes municipales a conformar una mesa de trabajo para la prevención de estos delitos en Arica, instancia que reunió a distintos organismos públicos y privados.
Si bien la situación significa gasto de recursos económicos y humanos para la reposición de los sistemas eléctricos, el principal problema es el corte de los servicios eléctricos, telefónicos y de internet que afectan a las poblaciones, una suspensión que puede tardar desde hora hasta días.
El director de Prevención y Seguridad Humana (DIPRESEH) subrogante de la municipalidad, Edwin Briceño, señaló durante el último Consejo de Seguridad Pública que las imágenes que se han viralizado en las últimas semanas a través de redes sociales, sólo son una muestra del conflicto diario que deben enfrentar el Departamento de Iluminación Municipal y las compañías de telecomunicaciones.
Expresó que “existe una alta preocupación no solamente institucional, sino que también en la comunidad y en otras organizaciones públicas y privadas, por lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con el hurto y robo de cables en la comuna, que se ha estado elevando bastante”.
La mesa de trabajo convocó a la delegación presidencial, la coordinación regional de Seguridad Pública, Carabineros, División Infraestructura y Transporte del gobierno regional, Policía de Investigaciones, iluminación municipal, Rentas Municipales, Secretaría Comunal de Planificación, DIPRESEH, Movistar, CGE, Entel, Claro, VTR y Onnet Fibra.
En la jornada fueron compartidas experiencias de otras regiones que han sufrido situaciones similares. Al mismo tiempo, teniendo como principal foco la receptación, fueron identificados los lugares de mayor actividad delictiva de esta índole, con el objetivo de poder aumentar las fiscalizaciones.
Briceño comentó que también se trabajará en un acompañamiento y apoyo permanente a la comunidad, a fin de que puedan generar las denuncias de estos hechos a través de los canales correspondientes, ya que las redes sociales no permiten a las instituciones tener un registro oficial de estos hechos.
La mesa público-privada tendrá carácter permanente y permitirá elaborar un catastro de chatarrerías con permiso municipal y clandestinas, lugares donde podrían ser reducidos los cables sustraídos.
