La Contraloría General de la República finalizó esta semana un sumario administrativo por irregularidades en la compra de 18 mil cajas de alimentos para la región de Arica y Parinacota por casi $900 millones.
Establece como responsables a cinco funcionarios de la ex intendencia regional, siendo uno de ellos el delegado presidencial Roberto Erpel (UDI), quien autorizó la compra y cuya sanción es un mes de suspensión con goce de sólo un 50% de su sueldo. Sin embargo, será el presidente Sebastián Piñera, precisamente quien lo nombró como intendente y luego como delegado presidencial, quien decidirá si acoge o no las sanciones solicitadas por la entidad de control para la compra pública efectuada a mediados de 2020 en el marco del programa del gobierno Alimentos para Chile.
La millonaria licitación fue adjudicada vía trato directo a Tobar y Tobar Limitada, una empresa que no contaba con experiencia en el rubro –no tenía ni giro ni inicio de actividades relacionados a venta de alimentos– y que fijó sobreprecios para sus productos, lo que gatilló también una investigación penal en Fiscalía.
Además, el órgano contralor propone sanciones para el administrador regional de Arica y Parinacota de entonces, Giancarlo Baltolú (Evópoli), a quién Contraloría solicita sancionar por ser quien se encargó de realizar la cotización de Tobar y Tobar. Baltolú se desempeñaba en el gobierno regional, no en la intendencia –entidad que efectuó la compra–, por lo que no tenía facultades para realizar dicha gestión.
Para este último se propone una suspensión de dos meses, cuyo cumplimiento resulta complejo dado otra sanción que recayó recientemente en su contra. Contraloría destituyó a Baltolú el pasado 14 de enero como administrador regional luego de que en otro sumario se determinara que otorgó permisos irregulares a consejeros regionales y dirigentes vecinales para poder transitar durante la cuarentena de 2020.
Se suman a Erpel y Baltolú otros tres funcionarios de la ex intendencia regional que participaron en la compra pública irregular vía trato directo, con sanciones que van desde multas de un porcentaje de su remuneración a la suspensión por 30 días con goce de sólo el 50% de su remuneración.
La denuncia sobre esta compra de cajas fue interpuesta por el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Luis Rocafull (PS), quienes a mediados de junio de 2020 presentaron cuestionamientos a la licitación ante la Contraloría por sobreprecios y porque la empresa Tobar y Tobar Ltda. no figuraba en el rubro de alimentos.