Durante la mañana del martes, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refirió a la “suma urgencia” del proyecto de amnistía anunciado ayer desde el Palacio de La Moneda, en conjunto con la senadora Fabiola Campillai.
En entrevista a Radio Universo, al respecto, Jackson señaló que el proyecto “dejó fuera del catálogo de delitos varios relacionados particularmente con control de armas que era uno de los aspectos más sensibles”.
Además, detalló que el proyecto es “más acotado y transversal”, por lo tanto podría generar un mayor consenso, considerando que tomó y recogió varias de las indicaciones que se hicieron en la comisión para “disminuir el catálogo de delitos”.
Respecto al catastro de personas que podrían acceder a la amnistía, el ministro precisó que la dificultad del gobierno “está en la cuantificación de las personas que hoy día están privadas en libertad”,
Asimismo, indicó que al menos 50 personas están en prisión preventiva y aún no han tenido juicio, lo que genera una “sensación de no acceso a la justicia”, tomando en cuenta que “estos casos no cuentan con un mayor nivel de pruebas” y mantienen a las personas privadas de libertad.
El secretario de Estado, también manifestó que “muchas veces se caricaturiza” lo que plantea la Ley de Indulto.
Cabe recordar que el pasado 26 de enero, la Comisión de Constitución del Senado despachó a sala la iniciativa. En ella se estableció el catálogo de delitos que se consideran en la amnistía, dejando fuera los hechos más graves, como el homicidio frustrado o las agresiones a policías.
Sin embargo, los senadores decidieron incorporar dentro de la ley los ilícitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que dicen relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no excedan las 40 UTM, por ejemplo, las barricadas, entre otros.
Además, se estableció que los delitos que acoge este proyecto serán los que fueron cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Ahora, tras la suma urgencia impuesta por el gobierno, la Cámara del Senado, tendrá 15 días para despachar el texto a la Cámara baja para su segundo trámite legislativo.