A partir de decenas de procedimientos de fiscalización realizados durante los últimos años, el Servicio Nacional de Aduanas ha concretado entre los años 2021 y 2022 la destrucción de 772 millones de cigarrillos de contrabando de distintas marcas, que fueron incautados mediante operativos encabezados por Aduanas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a los cálculos realizados por las áreas especializadas de Aduanas, el monto de la evasión fiscal controlada de la mercancía incautada alcanza los US$114 millones. Las destrucciones y disposición final de estos productos se realizaron a través de empresas especializadas en las Aduanas regionales de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Los Andes y San Antonio, entre otras, con una inversión superior a los $290 millones para cumplir con estos procesos.
Al respecto, el jefe del Departamento de Control de Tráficos Ilícitos del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Escudero, destacó “la labor completa de la manipulación de estos productos ilegales, la cual inicia con el trabajo de inteligencia que se emplea para detectar y fiscalizar la mercancía de contrabando en cargas terrestres, marítimas y aéreas, y su posterior decomiso, centralización y almacenamiento en nuestras bodegas”.
Agregó que “todo este proceso, desde su incautación, almacenamiento y destrucción, es largo y minucioso para poder eliminar toda la mercancía incautada para cerrar el ciclo del combate contra el contrabando de cigarrillos, y de esa manera ralentizar la cadena logística de este crimen organizado”.
Cabe señalar que la destrucción es el último eslabón de un largo proceso que involucra a distintas instituciones, donde Aduanas es la responsable de centralizar y almacenar todos los cigarrillos de contrabando decomisados por parte del Servicio y las policías.
Además, en materia de endurecer las sanciones de estos delitos, el año pasado se aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ordenanza de Aduanas, que implica en el caso del delito por sobre las 25 UTM, la condena de multa entre 1 y 5 veces el valor de la mercancía, y la privación de libertad en sus grados medio a máximo, arriesgando hasta 5 años y 1 día de cárcel.
