El Gobierno de Luis Arce dispuso este miércoles la suspensión temporal de la exportación de carne de res, azúcar, soya y sus derivados en medio del conflicto con Santa Cruz, el motor económico de Bolivia que cumple una huelga indefinida para que el censo de población se realice en 2023.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó a los medios sobre esta disposición que, según dijo, es “una medida preventiva” ante la huelga en Santa Cruz impulsada por “grupos oligarcas que pretenden una vez más quebrar el orden constitucional y desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido”.
Ante la posibilidad de que el paro ocasione el desabastecimiento de algunos alimentos, el Gobierno determinó “suspender temporalmente la exportación” de “grano de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res”, precisó.
La medida entrará en vigencia desde el jueves “hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana“, indicó.
Huanca responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho; el presidente del comité cívico de esa región, Rómulo Calvo, y a otros líderes cruceños “de las consecuencias de la paralización del sector productivo y de atentar contra la seguridad alimentaria de la población boliviana“.
“Solo ellos son culpables del daño y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional”, manifestó el ministro.
También pidió a los líderes cruceños que reflexionen y dialoguen “para retomar la producción y el abastecimiento de alimentos de manera regular e irrestricta a la población boliviana“.
Los productores cruceños han protestado varias veces ante las medidas de restricción de exportaciones impuestas durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que ahora repite Arce con el argumento de garantizar primero el abastecimiento interno a precios justos.
Santa Cruz cumple en esta jornada cinco días de una huelga para exigir que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024, como lo dispuso el Gobierno de Arce.
La encuesta nacional inicialmente estaba prevista para noviembre de esta gestión, pero el Ejecutivo la aplazó a 2024 alegando problemas técnicos.
De los datos de esta encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos económicos para regiones y municipios, y también de las cuotas de representación en el Parlamento.
El oficialismo cree que las protestas por el censo son “aventuras golpistas” como, según dicen las autoridades, ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
