El Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, además admitió que con ello se vulneraron los derechos de las víctimas y se dejó en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la sanción correspondiente.
La agente del Estado chileno, Catalina Fernández, durante los alegatos finales de una audiencia ante la Corte Internacional indicó que “el Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”.
El tribunal interamericano celebró una audiencia por el caso Vega González y otros contra Chile, el cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado chileno por la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual”, en el marco de los procesos penales de 14 peticiones relativas a delitos de lesa humanidad, en los que figuran como víctimas 49 personas.
La demanda contra el Estado de Chile alega que la Corte Suprema, al intervenir como tribunal de casación penal, decidió, entre 2007 y 2010, atenuar las penas otorgadas a los responsables de los hechos mediante la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual”, prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno para delitos comunes.
En los alegatos finales orales de la audiencia, la agente del Estado chileno reconoció que “persisten deudas por parte del Estado de Chile con las víctimas de la dictadura” y que la aplicación de la media prescripción “supuso una vulneración” a varios derechos de las víctimas, pues no debía aplicarse a delitos de lesa humanidad.
En este sentido, Catalina Fernández explicó que “las víctimas de este caso no solo sufrieron la violencia estatal manifestada en el despojo de sus seres queridos, sino que una vez reinstaurada la democracia debieron continuar enfrentando diversos obstáculos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
A su vez, la agente estatal expresó que corresponderá a la Corte Internacional “determinar el alcance de la responsabilidad” del Estado teniendo en cuenta los cambios en la jurisprudencia interna de los últimos años y agregó que la representación estatal espera que la decisión del tribunal “coadyuve a los esfuerzos del estado en esta materia”. Además, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas.