La Fiscalía Local de Alto Hospicio expulsó a un trabajador administrativo que está siendo investigado por presuntamente entregar información privilegiada y reservada al denominado “K-Pop Primera Línea”, un grupo que protagonizó ataques en la “zona cero” de Iquique durante el estallido social.
El ex funcionario público Eduardo Meneses, era conocido como el “tío fotógrafo” o “tío fiscal” entre el conjunto, es apuntado por el Ministerio Público de prestar apoyo logístico y husmear en sistemas reservados de la fiscalía en beneficio de la banda.
No obstante y ante la investigación en su contra, Meneses presentó una contrademanda laboral en contra de la institución donde trabajó, con la que busca ser reingresado. En ella acusa que se le impidió el “debido ejercicio de defensa” y que su remoción se basó en “un proceso arbitrario y discriminatorio”. El caso continúa su tramitación en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la Región Metropolitana.
Desde la defensa de Meneses, el abogado Enzo Morales, explicó que esta investigación administrativa se fundó en 2 cargos, ambos sin acreditar durante el proceso disciplinario interno y debido a esto, contra la remoción, se presentó una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales donde solicitan la reincorporación a su cargo de 18 años de antigüedad.
En ese contexto, el defensor argumentó que durante la tramitación del sumario hubo diversas irregularidades que afectaron el debido proceso y su derecho a defensa, por ejemplo, se realizó el sumario en ausencia del investigado, tramitado íntegramente durante la vigencia de su licencia médica. Además, las notificaciones realizadas por carta certificada vía Correos de Chile, se entregaban después de la fecha que citaba a declarar o fuera del plazo para presentar descargos.
Sin embargo, una vez notificado legalmente no se le permitió rendir prueba de descargos durante todo el sumario, para desvirtuar los cargos, aclarar los hechos o justificar su actuación funcionaria, siendo sancionado únicamente por su propia declaración (cargo 1) al reconocer el ingreso legítimo al sistema de consultas y con la declaración del fiscal Maximiliano Mariangel (cargo 2), sin más evidencia en su contra.
De igual forma, el abogado plateó que si estaba clara su participación en los hechos por los cuales la Fiscalía formalizó a 17 personas -incluida su cónyuge-, “¿por qué no fue formalizado él?”, además indicó que la sanción trataría de una venganza de Carabineros, coludidos con el Ministerio Público, ya que, sus cientos de registros gráficos que se viralizaron en redes sociales, han ayudado como evidencia en casos de violencia policial.
Según el informe de la Fiscalía, en este grupo están Claudio Romero y Brandon Rojas, dos de las 13 personas que el presidente Gabriel Boric indultó a fines de diciembre de 2022 y que fueron condenadas en la denominada “Operación Cavancha”.
Además, la investigación da cuenta que la cónyuge de Meneses, Ghislaine Reyes, era parte de esta Primera Línea y la cual está a la espera de ir a juicio el próximo lunes 20 de febrero, tras ser imputada por asociación ilícita.
