La Contraloría General de la República instruyó la realización de un procedimiento disciplinario en el Gobierno Regional de Tarapacá ante la falta de planificación y sobreprecio en los pasajes aéreos del viaje que trasladó a Brasil, en mayo de 2022, al gobernador José Miguel Carvajal, a los consejeros regionales Daniela Solari, Germán Quiroz y Freddy Araneda, y a las funcionarias Carolina Quinteros y Sandra Aréstegui.
Cabe recordar que los días 26 y 27 de mayo del año pasado la comitiva estuvo en Sao Paulo donde, según informó por esos días el Gobierno Regional, Carvajal “definió los detalles de un acuerdo de colaboración” con el Gobernador Tarcísio Gomes de Freitas, “el cual establece importantes acciones de intercambio comercial, de inversión e integración”.
Casi un año después, el pasado miércoles 26, la Contraloría entregó el informe final por la investigación que inició por este viaje, donde logró establecer que el traslado a Brasil para “definir los detalles del acuerdo” implicó el pago de $20.443.386 en viáticos y pasajes, por parte del Gobierno Regional.
Según determinó el órgano contralor durante la investigación, debido a la falta de planificación del viaje, el Gobierno Regional no adquirió los pasajes mediante los procedimientos establecidos para los organismos públicos, sino que los involucrados usaron sus tarjetas de crédito personales para la compra, recibiendo posteriormente el reintegro de los montos cancelados desde el GORE. Esto implicó para el Gobierno Regional un sobrepago en los pasajes adquiridos, que la Contraloría cuantificó en $3.107.284.
MILLAS PARTICULARES
Esta práctica, que se suponía extinta en el Gobierno Regional, también trajo beneficios para los involucrados. Según la Contraloría, los consejeros regionales Daniela Solari y Freddy Araneda, junto a la funcionaria Carolina Quinteros, acumularon millas en la línea aérea para su beneficio. Y Solari y Quinteros lo habrían hecho por partida doble, ya que ambas adquirieron dos pasajes más con sus tarjetas: el del consejero Freddy Araneda, cuyo ticket fue adquirido por Daniela Solari, y el de la exfuncionaria Sandra Aréstegui, cuya compra se habría realizado con la tarjeta de crédito de Carolina Quinteros, según indica el informe de la Contraloría.
De acuerdo con el Informe Final 800/2022 del organismo contralor, el Gobernador Carvajal habría comprado su pasaje a través del sistema “Latam Wallet” y, según justificó el Gobierno Regional, por esta vía “la compensación que se podría percibir corresponde a casos en que se retrase o cancele un vuelo y la devolución sería automática a LATAM Wallet”.
Pese a la explicación del GORE, la Contraloría reportó que, en el caso de Carvajal, “no se aporta documentación de la propia línea aérea que permita evidenciar que en dicho viaje no se generó acumulación de millas u otra compensación”, por lo que mantuvo la observación y dio un plazo de 60 días, desde la entrega del informe, para aportar antecedentes que evidencien la eliminación de las millas.
Según la información aportada por LATAM, recién en febrero de este año y ya avanzada la investigación de la Contraloría, todos los involucrados, tanto el Gobernador Carvajal como los consejeros y las funcionarias, solicitaron a la línea aérea la anulación de las millas acumuladas en el viaje. En el caso del consejero Freddy Araneda, sus millas fueron reportadas como anuladas con fecha 1 de febrero de 2023.
Cabe recordar que según el artículo 64, N°5, inciso tercero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, el millaje o cualquier beneficio que otorguen las líneas aéreas no pueden ser utilizados por las autoridades o funcionarios públicos en fines particulares, cuando son financiados con recursos del Estado.
Pese a que la Contraloría no lo menciona en su informe final, el mismo artículo 64 de la ley 18.575 indica que recibir estos beneficios es una de las conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa”.
Así las cosas, la Contraloría ordenó al Gobierno Regional realizar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas derivadas de la compra de los pasajes, donde lo más probable es que el sumario no recaiga sobre las autoridades viajeras, sino que sobre funcionarios que no viajaron, por no aplicar los controles a un viaje a Brasil planificado por sus jefaturas, entre gallos y medianoche.
Como suele ocurrir con las instrucciones de la afable Contraloría de Tarapacá, aún queda otra opción con este procedimiento disciplinario: que, finalmente y pese a los antecedentes, todas estas eventuales faltas a la probidad queden en nada… como suele ocurrir.
