El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sobreseyó esta semana por unanimidad a María Jesús Toledo, usuaria medicinal de cannabis, que fue allanada el 22 de abril de 2022 en Quilpué. Además, el fallo condenó en costas al Ministerio Público, imponiéndole el pago de los costos imprescindibles del proceso.
En su resolución del 11 de julio, el tribunal decidió absolver a Toledo de la acusación que formulaba en su contra Fiscalía, que pedía que a la acusada se le aplique la pena de 7 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 60 unidades tributarias mensuales, por el presunto delito de tráfico ilícito de estupefacientes, sancionado en el artículo 3° de la ley Nº20.000.
La diputada humanista, Ana María Gazmuri, testificó a favor de la Defensa y aportó con contundente información para esclarecer que los cultivos con fines medicinales (también personales), no son punibles.
Tras el fallo, la diputada Gazmuri criticó la persecución del Ministerio Público y cuestionó al fiscal que formuló la acusación. “Teniendo toda la prueba a la vista, prueba que conduciría al sobreseimiento de María Jesús, y aún más, a la condena en costas para ellos, el fiscal Carlos Parra Fuentes, en su alegato final, insiste en pedir 7 años y un día para la paciente. ¿A qué responde tamaña insensatez, el fiscal sinceramente piensa que María Jesús debería pasar siete años y un día en la cárcel?
En esa línea, la diputada dijo que “resulta preocupante una persecución así por el uso lícito de una planta medicinal, persecución que pasa por encima de la normativa vigente, generando una amenaza velada para un inmenso grupo de la población.”
La fundadora de la Bancada Transversal Regulación por la Paz, señaló que “esto debiese alertar al Ministerio Público”, debido a que “queda en evidencia la urgente necesidad de actualizar miradas y lineamientos, de acuerdo a las últimas modificaciones de la ley 20.000, promulgadas el 23 de mayo de este año. Se desperdician inmensos recursos públicos y se vulneran derechos de una importante comunidad de nuestro país. La intención del legislador con la modificación incorporada no es solo que los usuarios sean absueltos en tribunales, sino que dejen de ser allanados, sus plantas incautadas, y dejen de ser sometidos a estos injustos procesos, que dejan huellas profundas en los pacientes y sus familias”.
Camilo Rore, el abogado de la Defensoría Penal Pública que defendió a Toledo, comentó que “este caso se trataba de uno más en el que se persigue, criminaliza y juzga a ciudadanos por consumir cannabis, y más grave aún en la situación de mi defendida, ya que se trataba de una consumidora medicinal”.
Finalmente, el abogado sostuvo que la reciente promulgación de la Ley Antinarco por el presidente Gabriel Boric, “abrió la puerta que se encontraba trabada”, y contribuyó a “plasmar lo que se pretendía con la modificación legal”.