Durante el consejo de gabinete de este viernes -el primero después del ajuste ministerial del 16 de agosto-, el Presidente Gabriel Boric promulgó dos proyectos pertenecientes a la agenda de seguridad, que el Gobierno está impulsando junto al Congreso.
El primero modifica la ley del tránsito con el fin de desincentivar la venta de vehículos robados, al aumentar las sanciones a las conductas que lo facilitan y establecer otras obligaciones que lo previenen, según consigna un comunicado del Ejecutivo.
En ese sentido, la primera inscripción de un automóvil sólo podrá fundarse en facturas emitidas por empresas y/o concesionarios incluidos en una nómina que llevará el Registro Civil, institucionalizando un mecanismo que hoy opera al alero de una mesa encabezada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
De igual forma, será obligatorio grabar las patentes de todo tipo de vehículo que deba circular con ellas -tanto en espejos como en ventanas-, y se sancionará a conductores, propietarios y comercializadores que incumplan con este mandato.
Asimismo, la conducción con placa patente falsa será delito, y si la patente está oculta de alguna manera o en mal estado, quien maneja incurrirá en una falta gravísima.
Además, el concesionario o dueño de bencinera que venda combustible a vehículos sin patente será multado por entre 10 a 100 UTM, al establecerse una prohibición en este caso.
La segunda norma promulgada por el presidente es la que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y el Estatuto del Personal de Carabineros, con el fin de ampliar el llamado al servicio de funcionarios en retiro.
De esta forma, la institución contará con más de 1.100 efectivos adicionales, los que se incorporarán de manera gradual hasta el 2025, al aumentar el periodo máximo por el que se pueden convocar de cinco a siete años.
El porcentaje máximo de personal que puede ser llamado también se elevó de 1,5% a 3%, al igual que la base de cálculo, incorporando funcionarios nuevos que podrán ser convocados, por lo que los cupos llegarán a 1.770 en total.
El documento además genera mejores incentivos para cubrir el máximo de cupos permitidos, por ejemplo, habilitando a quienes sean convocados a percibir -según corresponda- asignación policial y de actividad peligrosa, como también alguno de los sobresueldos permitidos por la norma.
Se calcula que esta medida implica 3.313 millones de pesos de mayor gasto por lo que queda del 2023.
El mandatario también promulgó esta semana una ley que modifica el Código Penal para sancionar el uso de elementos tecnológicos en las cárceles, previniendo la organización y comisión de delitos por parte de presos.
La iniciativa castiga a los funcionarios -salvo los defensores públicos, por su deber de confidencialidad- que no denuncien tal ilícito con una pena de presidio menor en su grado mínimo, y suspensión o inhabilitación de su cargo u oficio.
