El Ministerio de Justicia informó que se decidió solicitar al Consejo de Defensa del Estado recurrir a los tribunales civiles para perseguir la disolución de la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade.
La solicitud surgió tras los eventuales delitos de corrupción que habría protagonizado la entidad cuando recibió traspasos por $426 millones con la Seremi de Antofagasta, en el marco del Caso Convenios.
En un comunicado, la cartera indicó que la decisión fue adoptada por la subsecretaría de Justicia, al mando de Jaime Gajardo Falcón, luego de un procedimiento de fiscalización iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del ministerio el 22 de junio de este año, tras el destape del caso cero, que actualmente mantiene al Ministerio Público investigando traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en nueve regiones.
Lo anterior, tras el resultado de la fiscalización, donde se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, que habrían sido cometidas por el directorio de Democracia Viva. Es por ello que, desde el ministerio solicitaron al organismo encabezado por el abogado Raúl Letelier interponga un recurso ante tribunales civiles para poner término a las actividades de la fundación y disolver su personalidad jurídica.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que “durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta”.
En ese sentido, la cartera sostiene que la fundación habría incumplido sus estatutos, su objeto y patrimonio social, “lo que desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”.
Los incumplimientos detectados por el departamento del Ministerio de Justicia harían “inviable” la existencia de la fundación Democracia Viva, “ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta”.