El pasado viernes 29 de septiembre el Gobierno presentó veto a la Ley de Usurpaciones, con la cual busca poder eliminar la “legítima defensa privilegiada” de está ley, además de regular la proporcionalidad de las penas.
La ministra del Interior, Carolina Toha, señaló que este veto “lo primero que hace en el caso de la usurpación, hace valer las reglas generales de la legítima defensa y sobre detención ciudadana”.
“Entonces se saca todo este régimen que se había puesto aca que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran por su propia manos con armas, con terceros en cualquier momento ir a hacer reivindicación de su bien”. Sostuvo la ministra.
Además agregó la ministra de Estado, que si las reglas generales rigen durante las primeras horas habría una detención ciudadana, que las personas podrán hacer el uso de la legítima defensa igual que los delitos que son generales.
En la misma línea, sostuvo que el objetivo es que no se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos sino a través del estado de derecho.
Asimismo, según lo mencionado por Tohá el objetivo es “salvaguardar, que el delito se mantenga como un delito permanente y en que en todo momento puedan actuar las policías. Entonces no va haber esta autotutela, pero si va haber la posibilidad de acción de las policías eso en cualquier momento eso hoy día no existe”.
Este proyecto de ley fue aprobado y despachado el 30 de agosto desde la sala del Senado, con 24 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención.
Además recordar que esta semana en el marco de esta ley, desde la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) amenazaron con el uso de armas si está ley seguía avanzando, en donde el Gobierno señaló que la estrategia de amenazar e intimidar a quienes tienen que tomar decisiones en este caso no va a funcionar.