En la jornada del martes 28 de noviembre, la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, pidió el sobreseimiento definitivo en la causa por su presunta responsabilidad, en el marco del estallido social, por delitos de lesa humanidad.
Según el documento que fue presentado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, señala que las imputaciones contra el general Yáñez son sustentadas en tres querellas que fueron realizadas por la Comisión de Derechos Humanos.
El documento detalló que de las querellas está “una por torturas interpuesta por el abogado Mario Rendón que carece de hechos fácticos y, por último, una querella interpuesta por Francisca Mendoza Vidal por un supuesto delito de lesiones en contexto de manifestaciones violentas”.
Además de este documento también fue presentado otro argumentó que fueron las declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia y de Sergio Micco, ex director de Instituto Nacional de Derechos Humanos que afirmaron que en “Chile no ocurrieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo entre octubre de 2019 y marzo de 2020″.
Asimismo agregó que “por ausencia de sistematicidad e inexistencia del elemento político o de una política planificada por el Estado para atacar a la población civil, se refieren a actuaciones legitimadas que puede desplegar el Estado en protección del orden público y seguridad interior, esto es, el uso legítimo de la fuerza reconocido en todos los estatutos internacionales”.
El abogado defensor, Jorge Martinez, afirmó que “han transcurrido más de cuatro años de investigación desformalizada, sin que haya ninguna diligencia de investigación que permita acreditar los elementos objetivos del delito”.
Además agregó que “en este tipo de crímenes de lesa humanidad (…) los requisitos son taxativamente que haya existido un ataque generalizado y sistemático contra la población civil por parte de organismos del Estado o por organizaciones que tienen un control territorial”.
“Carabineros de Chile jamás realizó dichas actuaciones, ni existió nunca una política para los efectos de atacar a la población civil en forma generalizada y sistemática”, puntualizó el defensor.
El abogado Martinez señaló que “no puede seguir vinculado a esta investigación en calidad de imputado, ya que aquí no hay hechos que investigar”.
“De esta manera, al no existir hechos que investigar que sean constitutivos de un crimen de lesa humanidad, lo que corresponde única y exclusivamente es su sobreseimiento definitivo y total en esta causa, la cual debe cerrarse”, recalcó.