Tribunal condena a 20 y 18 años de cárcel a hermanos del cártel de Sinaloa que intentaron instalarse en Tarapacá 

Los ciudadanos extranjeros pertenecientes a una célula de una organización superior, tenían la intención de establecer un estructura en nuestro país, con el objeto de aperturar una “línea de salida” de sustancias ilícitas.

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó este martes 5 de diciembre al mexicano Ricardo Salazar Tarriba a las penas de 8 años y 15 años de presidio por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita, respectivamente. También fue condenada su hermana Yolanda Salazar Tarriba por los mismos delitos a las penas de 8 años y 10 años de presidio. Los ilícitos fueron descubiertos en febrero de 2020.

Tras una investigación dirigida por la Fiscalía y desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de Iquique, a partir de antecedentes aportados por agentes de la DEA en febrero del año 2020, se pudo comprobar que ambos hermanos formaban parte de una célula del cártel de Sinaloa que intentó instalarse en la región de Tarapacá.

De acuerdo a la sentencia, los ciudadanos extranjeros pertenecientes a una célula de una organización superior, tenían la intención de establecer un estructura en nuestro país, con el objeto de aperturar una “línea de salida” de sustancias ilícitas, del tipo clorhidrato de cocaína, importadas desde Bolivia, las que se acopiarían en la comuna de Alto Hospicio, para finalmente, haciendo uso de las plataformas portuarias y aeroportuarias, lograr su envío hasta diversos puertos y aeropuertos de Europa.

En el juicio se estableció que, con el uso de las distintas técnicas investigativas que permite la ley, el imputado Ricardo Salazar llegó al país en septiembre de 2020 a fin de montar las redes logísticas y crear los vínculos necesarios para operativizar el negocio criminal, manteniendo contacto con los líderes de está célula que estaban asentados en  España, uno de los cuales era un sobrino Morris O’Shea Salazar (ciudadano mexicano irlandés), que mantiene vigente una orden de extradición; y un ciudadano británico que era el financista.

Durante el tiempo que estuvo en Chile, el imputado gestionó el ingreso al país de 350 kilos de clorhidrato de cocaína provenientes de Bolivia, los que serían enviados desde el puerto de Valparaíso hasta Bélgica.

Debido a problemas médicos del imputado, en diciembre de 2020 arribó al país su hermana  Yolanda Salazar, quien comenzó a recibir instrucciones de su hijo Morris O’Shea para proseguir con el envío de la droga, la que sería enviada vía marítima por la región de Valparaíso a un puerto de Bélgica.

De igual forma en la investigación se trabajó con la policía española para el envío de otro cargamento vía aérea, lo que no se concretó ya que el 10 de marzo ambos imputados fueron detenidos en el aeropuerto Diego Arturo Merino Benítez cuando se disponían a abandonar el país.

En el juicio también se dio cuenta de la información aportada por España, Países Bajos y Francia, a través de los requerimientos internacionales diligenciados durante la investigación.

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