Este miércoles la Corte de Apelaciones de Iquique escuchará los alegatos para decidir si decreta la prisión preventiva para la actual consejera regional (CORE), Daniela Solari; su primo Rodrigo Vega; la funcionaria María Luisa Lemus y los empresarios, Gunther Ziller Arjona, Marcelo Valenzuela y Gabriel Díaz, imputados formalizados en el caso Cajas de Alimentos.
La apelación fue presentada por el abogado Enzo Morales, único querellante que solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, los que el 21 de noviembre de 2023 fueron formalizados por el Ministerio Público en el Juzgado de Garantía de Iquique por la comisión concertada del delito de fraude al fisco que le causó un perjuicio patrimonial de $500.000.000 a la región de Tarapacá, por los sobreprecios de $10.000 incorporado a cada caja adjudicada.
El abogado particular espera que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y ordene la prisión preventiva de todos los imputados “por este grave caso de corrupción que afectó a la región de Tarapacá durante la pandemia de hambre, desempleo y muerte, como lo hace habitualmente con personas que cometen delitos de menor gravedad”.
El pasado 21 de noviembre, se realizó en el Juzgado de Garantía de Iquique la audiencia de formalización de la investigación penal en contra de seis nuevos imputados en el caso como co-autores por la comisión concertada de los delitos consumados de fraude al fisco.
En dicha audiencia, el querellante particular solicitó al tribunal decretar la prisión preventiva respecto de todos los imputados en su calidad de co-autores de los delitos consumados de fraude al fisco, basado en los antecedentes expuestos por el Ministerio Público la que contó con 20 declaraciones, las conclusiones de 2 Informes Finales de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), el resultado del Informe Policial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y sus anexos. También se presentaron 6 Informes Periciales contables de la PDI, y las propias declaraciones “contradictorias” de los imputados.
Sin embargo, la jueza de Garantía rechazó la solicitud del abogado querellante, decretando únicamente la medida cautelar personal de “arraigo nacional” para los 5 imputados y la firma mensual para el imputado Ziller Arjona.