Mineduc y UNESCO realizan la segunda jornada del encuentro en educación de autoridades de América Latina y el Caribe

Esta convocatoria busca diseñar una agenda de acciones para superar la crisis educativa que dejó la pandemia. 

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En la jornada del jueves 25 de enero comenzó la Ministerial de Educación, Santiago 2024, la cual continuará hoy con el encuentro de ministras y ministros de Educación y de Hacienda o Finanzas de América Latina y el Caribe, organizado por la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile, que diseñará una agenda de acciones para superar la crisis educativa que dejó la pandemia. 

Este es uno de los mayores esfuerzos de diálogo en esta materia, ya que reúne a representantes de más de 30 ministerios de Educación, que representan a cerca de 125 millones de estudiantes y 6,9 millones de docentes. 

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que para poder avanzar en este reto, la Ministerial de Educación, Santiago 2024 debe crear un marco de referencia regional sobre políticas públicas de reactivación, recuperación y transformación educativa.

El ministro Cataldo señaló que “este marco nos sirva de mecanismo para pasar efectivamente del compromiso a la acción, y con ello podamos acelerar la marcha hacia el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, profundizando el diálogo sobre el financiamiento de la educación como una condición esencial”.

En las sesiones de discusión de la Ministerial de Educación, las autoridades estarán abordando tres temas clave para el sector: el desafío de la reactivación educativa, la transformación de la enseñanza para garantizar el derecho a la educación, y el financiamiento que requieren estas políticas públicas. 

Para contribuir a ese debate, la CEPAL con el apoyo del Banco Mundial y de la UNESCO, desarrollaron el documento el desafío de la sostenibilidad financiera de la educación en América Latina y el Caribe, que plantea que los países están en el momento clave de invertir más en educación, asegurando la sostenibilidad financiera de sus políticas, para lo cual los ministerios deben participar activamente de las decisiones presupuestarias que atañen a sus sistemas educativos. 

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