Este martes, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para los carabineros José Carrasco Pujol, Rocío Brito Tobar, Alex Agüero Urrutia y Enrique Gómez Cordero. En tanto, el también uniformado Iván Araya Espinoza quedó con arresto domiciliario nocturno. La Fiscalía los formalizó por tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Esto por la golpiza de la fue víctima una persona diabética en la Tercera Comisaría de Alto Hospicio en julio de 2023.
Por su parte, la sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura en esta causa. El documento señala que “resulta evidente la finalidad punitiva en la acción ilícita” y añade, “la víctima, mientras se encontraba bajo custodia y por haberse negado a firmar una declaración de constatación de lesiones y sin posibilidad de oponer resistencia o defenderse, fue objeto de graves agresiones físicas con el fin de castigarlo”.
De acuerdo a los antecedentes recopilados, los funcionarios detuvieron a la víctima por el supuesto delito de violación de morada. Luego, la llevaron para la comisaría, donde la dejaron en los calabozos. Como la víctima se negó a firmar los documentos que acreditaban que no tenía lesiones, apagaron las cámaras del lugar y procedieron a agredirlo. Esta acción incluyó la utilización de gas pimienta y un bastón retráctil. Después, la llevaron a constatar lesiones a un centro de salud.
Al día siguiente, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio declaró ilegal su detención. Entonces, la víctima fue a constatar lesiones por su cuenta a otro centro de salud, donde confirmaron sus heridas. Después de recuperarse, fue a la misma Tercera Comisaría a presentar una denuncia por la golpiza, hecho realizado el 4 de agosto. Pero los involucrados retrasaron la tramitación de la denuncia y, además, alteraron su contenido en el sistema digital institucional, modificando la declaración.
De manera paralela a estas últimas acciones, otro de los carabineros se introdujo en el sistema de registro de las cámaras de video, a fin de cerciorarse que la golpiza no se hubiera grabado. Por ello, además, extrajo una pieza del sistema, bajo el argumento de que supuestamente lo repararía, careciendo de autorización o facultades para ello. Luego, en diciembre pasado, otro de los involucrados se dirigió a dos funcionarios que estaban de guardia el día de la golpiza, a fin de decirles que no relataran lo ocurrido.
Cabe mencionar que, por instrucción del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal (SML) aplicó el Protocolo de Estambul a la víctima. A través de este mecanismo, creado por la ONU para determinar casos de tortura y otros tratos crueles, se detectaron indicios de vulneraciones.
La jefa del INDH de Tarapacá, Lorena de Ferrari, explicó que la querella se presentó porque “los funcionarios de Carabineros actuaron fuera de todo protocolo institucional o mandato legal. Abusaron de su poder sobre una persona que se encontraba en total estado de vulnerabilidad. La función pública que realiza Carabineros de Chile debe, necesariamente, cumplir altos estándares éticos, los cuales no pueden ser relativizados”.