Tras las críticas generadas por la aprobación de la compra de 22 automóviles marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema por más de $1.253 millones, el pleno del máximo tribunal informó que dejó sin efecto la compra de los autos de lujo.
A través de una declaración, el secretario y fiscal judicial (s) de la Suprema, Jorge Sáez, explicó que la decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte en 2014 “se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.
“La Corte Suprema se ha comprometido a orientar su labor cumpliendo altos estándares en materia de transparencia, con una política de amplia publicidad, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, en el Código Orgánico de Tribunales y en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública”, indica el texto.
El funcionario mencionó que la Ley de Presupuestos 2024 no contempló la renovación de los móviles, pero la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda “comprometió el 9 de noviembre de 2023, ante la Comisión Nacional Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial”.
Sáez dijo que en consideración de estos hechos y “con la cuenta detallada el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300h, que se tomó con la mayoría de los miembros que concurrieron a la votación”.
Cabe recordar que el pasado 13 de febrero se dio a conocer que la Corte Suprema aprobó la compra de 22 automóviles marca Lexus para sus ministros, con un costo total superior a los $1.253 millones.
Se trata de automóviles de alta gama cuyo valor bordea los $57 millones, la adquisición de estos vehículos generó cuestionamientos de diversos sectores, incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que él mismo utiliza un vehículo que tiene nueve años y aún está en funcionamiento.
Al ser consultados sobre los argumentos que sostienen la adquisición, desde el máximo tribunal indicaron que la flota actual data de 2014, por lo que el reemplazo cumple con lo señalado en el instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales, respecto a que “sólo se autorizarán renovaciones de vehículos que tengan una antigüedad superior a ocho años”.
