El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que la decisión del juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas a privados de libertad con alto compromiso criminal “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad”.
Recordemos que la determinación se dio a conocer en la prensa la semana pasada. En concretó, se expusó que el juez dio luz verde para que los reos efectuaran contactos telemáticos desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Al respecto, el secretario de Estado dijo que “en esto el Ejecutivo ha sido muy enfático” y “las regulaciones de establecimientos de estas características, la característica de las personas que están privadas de libertad ahí y la condición procesal de la que se encuentran, exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completamente restringidas”.
Cordero afirmó que “no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento. Se comunican a través de los medios que el establecimiento, el enrolamiento de máxima seguridad tiene disponible ese efecto”.
La autoridad indicó que “la discusión de este caso en particular tiene que ver con otra cosa y es la posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país”.
“En opinión de Gendarmería y del gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad del establecimiento y la particularidad de las personas que están ahí”, agregó.
Respecto a la ilegalidad en la decisión, Cordero explicó que “en primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento”.
En tercer lugar, el ministro dijo que el Ejecutivo “tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron explican entre otras cosas por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”.
Respecto a las amenazas de muertes recibidas por Urrutia, la autoridad de Justicia señaló “que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público, para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedentes de eso y la autoridad competente es el Ministerio Público con ese fin”.
