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La Mañana por Paulina
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Amnistía Internacional solicita al presidente Gabriel Boric remover al general Ricardo Yáñez

La organización pide la suspensión de Yáñez por su responsabilidad en el actuar de los policías “en el control desproporcionado” de las protestas en el marco del estallido social.

En la jornada del lunes, Amnistía Internacional (AI) envió una carta abierta al presidente Gabriel Boric pidiendo la suspensión provisional del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En la misiva, la organización pide la suspensión de Yáñez por su responsabilidad en el actuar de los policías “en el control desproporcionado” de las protestas en el marco del estallido social.

Además, esperan que el presidente tome en consideración esta solicitud hasta que se dirima la “posible responsabilidad penal individual” del director por graves violaciones de derechos humanos.

El organismo también recordó que en reiteradas ocasiones han manifestado que la permanencia del actual director de Carabineros “es preocupante e insostenible”. Esto considerando “su inminente formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”.

“Es urgente que el Gobierno actúe con determinación a favor del país, de las víctimas, de la investigación en curso y de la propia legitimidad de Carabineros” acotaron.

En esta línea, el director ejecutivo de AI Chile, Rodrigo Bustos, el presidente Gabriel Boric debe hacer todo lo que esté a su alcance para “proporcionar garantías de prevención y no repetición respecto de la brutalidad policial con que se respondió a las protestas ciudadanas de 2019”.

“El mandatario debe resguardar los DD.HH. de las víctimas y la sociedad en conjunto, como también debe asegurar la legitimidad y funcionamiento de la institución de Carabineros para evitar que ciertas acciones contravengan las normas nacionales e internacionales que regulan el ejercicio y la responsabilidad del mando policial”, añadió.

En la misiva se enfatiza que Yáñez goza del derecho a la presunción de inocencia, pero la acción tomada por la Fiscalía es incompatible con su permanencia en un cargo de autoridad de la administración del Estado, especialmente de la institución que se encarga de hacer cumplir la ley.

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