El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a Sergio Martínez Córdova a dos penas de 5 años y un día de cárcel, en calidad de autor de los delitos de asociación ilícita y robo con violencia e intimidación. Ilícitos perpetrados entre noviembre 2017 y octubre de 2018.
En fallo unánime, el órgano de justicia también condenó a Martínez Córdova a la pena 541 días de presidio, como autor del delito de contrabando.
El tribunal dio por acreditado que en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos (BRIANCO) de la Policía de Investigaciones (PDI) se logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por civiles y funcionarios de Carabineros.
Los sujetos de manera concertada, organizada y permanente, operaron, a lo menos, desde noviembre de 2017 y hasta octubre de 2018, con el propósito de ingresar de forma ilegal mercancía extranjera al país, su traslado y venta al interior de la región de Tarapacá.
También se dedicaban a interceptar vehículos motorizados con cargamentos de cigarrillos ilegales de contrabando de origen boliviano que son introducidos por pasos no habilitados colindantes al Complejo Fronterizo de Colchane con la finalidad de apropiarse de la mercancía ilícita (cigarrillos) con intimidación, para luego distribuirla y venderla en las comunas de Alto Hospicio e Iquique, obteniendo importantes ganancias que se reparten entre los integrantes de la asociación ilícita.
Para lograr su objetivo, la agrupación actuaba con dos ramas. La primera era liderada por el condenado Martínez Córdova, quien tenía el control, disposición, impartía órdenes y supervisaba a los miembros de la organización.
En tanto, la segunda rama era liderada por el cabo segundo de Carabineros Roberto Riveros Salas, quien coordinaba a los policías que formaban parte de la asociación delictiva, quienes proveían a los líderes información acerca de turnos de garitas de control, advertir la presencia de unidades policiales e intervenir en la interceptación de vehículos con carga ilícita.
Riveros Salas había sido condenado previamente a la pena 41 días de presidio, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena, por el delito de asociación ilícita; 541 días de presidio y multa de 25 UTM, como autor del delito consumado de cohecho, cometido entre 2017 y 2018.
Además fue condenado con la inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos por 7 años, suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena; 61 días de presidio, multa de 200 UTM, comiso de dos vehículos placa patente única JPGR-53 y LFDL-33, como autor del delito consumado de lavado de activos, y a la pena de 3 años y u día de presidio, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena, derechos políticos a perpetuidad como autor del delito consumado de robo con intimidación.
