Este jueves el presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley marco de seguridad privada, que regulará una industria que en Chile factura anualmente más de US$2.000 millones y que emplea a 260 mil guardias distribuidos en 2.609 empresas acreditadas.
La nueva normativa actualiza los criterios para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad y un sistema de vigilancia privada; moderniza los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados; y regula de manera más detallada la seguridad privada en eventos masivos.
En la actividad, el presidente Boric destacó la iniciativa y señaló que “el reglamento de implementación tiene plazo de un año, pero el mandato a la ministra del Interior es dictarlo antes de tres meses, para poder implementar esta ley como corresponde”.
Además, el jefe de Estado manifestó “satisfacción” al promulgar “este proyecto que regula la seguridad privada en el país después de 14 años que ingresara al Congreso”.
Boric valoró la presencia de parlamentarios de diferentes sectores y dijo que “eso habla muy bien de cuando se trabaja en conjunto”, por lo que llamó a que ese espíritu “sea también contagioso hacia otras áreas”.
“Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado, pero también todo el espectro de la política en Chile”, agregó.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusic, afirmó que “estamos seguros que esta ley aporta a una mayor seguridad, fija un nuevo marco regulatorio de guardias y vigilantes, y nuevos estándares para mejorar la coordinación público y privada en materia de seguridad”.
También, planteó que el uso de tecnologías preventivas para identificar personas es una materia pendiente y que depende “de una decisión política para usar y aprovechar esa tecnología en todo su potencial”, explicando que “el reconocimiento facial con debido resguardo de la privacidad podría ayudar a reconocer a esas bandas y alertar a guardias y policías para evitar delitos que pongan en riesgo la seguridad de trabajadores y personas”.
Recordemos que la nueva ley fue aprobada en el Congreso, tras ser incluida en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. De esta manera, la normativa busca maximizar la eficiencia en el uso de recursos policiales, con el fin de colaborar con un mayor control territorial de Carabineros.
En concreto, la nueva ley igualmente establece la actualización de las capacitaciones, que deberán distinguir entre los distintos niveles de riesgo, además de modernizar los criterios de procedimientos.
Además, regula la seguridad privada en eventos masivos y modifica las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, estableciendo una proporcionalidad entre infracciones gravísimas, graves y leves para imponer multas.
Cabe mencionar que hasta la fecha en el país no existía una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
