Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) realizó su Cuenta Pública 2023, instancia en que se manifestó que el órgano fiscalizador estará preocupado y orientado a trabajar en las emergencias que afectan a la ciudadanía.
En el marco de esta actividad, la contralora General (s), Dorothy Pérez, enfatizó el nuevo impulso que tendrá la institución que actualmente lidera, cuyas labores se direccionarán a los temas que actualmente más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas, entre otros elementos.
Para ello, se considerará la destinación de más personal y recursos para la correcta fiscalización de estas materias. Asimismo, la contralora (s) destacó que desde enero de 2024 está en pleno funcionamiento la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, creada con el propósito de potenciar la descentralización, tener más contacto con las regiones y sus áreas de riesgo, a fin de concretar un accionar más eficaz.
En la misma línea, la jefatura (s) de la entidad señaló que otro eje del trabajo institucional será mejorar la oportunidad de las respuestas de la CGR antes las emergencias ciudadanas, para lo cual se determinó redestinar personas a labores directas de línea en control externo y control de juridicidad.
Finalmente, a nivel interno, Dorothy Pérez destacó como otro sello el fortalecer el principio de carrera funcionaria en la Contraloría.
Las cifras que marcaron la gestión 2023
Como parte de la rendición de la Cuenta Pública, enmarcada en el cumplimiento del artículo 143 de la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la CGR, la Contralora (S) Dorothy Pérez se refirió a las principales cifras que marcaron la gestión institucional del año pasado, divididas en las 4 grandes áreas de trabajo: función de auditoría, función jurídica, función contable y función jurisdiccional.
En esa línea, indicó que se realizaron 381 auditorías de cumplimiento, las que en su gran mayoría incluyeron exámenes de cuentas, 41 auditorías de estados financieros, 213 auditorías o fiscalizaciones simplificadas, 103 investigaciones especiales, 1.275 referencias de auditoría y 94 inspecciones de obra pública. Asimismo, se hizo el seguimiento de 6.584 observaciones y se recibieron y procesaron 143.403 declaraciones de patrimonios e intereses.
En cuanto a la función jurídica, en cifras, se examinó la juridicidad de 34.745 actos administrativos, se emitieron 21.222 dictámenes y oficios, se finalizaron 153 procedimientos disciplinarios, 40.720 casos fueron sometidos a control posterior y, como resultado de ello, se formularon 42.264 observaciones.
Por otra parte, en relación a la función contable, la contralora (s) expresó que se procesaron 49.199 informes contables y presupuestarios, se analizaron 2.861 actos que aprueban o modifican presupuesto, así como 415 documentos de deuda pública, al tiempo que se emitieron 4 informes financieros.
En lo relativo a la función jurisdiccional, se presentaron 115 nuevas demandas o reparos, para perseguir la recuperación de fondos públicos por la suma de $15.187.945.129. El Juzgado de Cuentas, en tanto, emitió 145 sentencias definitivas de causas previas, referentes a responsabilidad patrimonial, mientras que en segunda instancia se emitieron 139 fallos.
