La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al video en que se muestra al alcalde de la comuna de Laja, Roberto Quintana, comientiendo un abuso sexual en contra de una funcionaria municipal.
En el registro que es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) se ve cómo el edil durante cerca de 4 minutos intenta besar de forma insistente a la víctima sin su consentimiento.
El video difundido esta semana es de agosto de 2021 y es parte de una investigación penal contra el edil por el delito de abuso sexual. En el registro se ve cómo el alcalde durante cerca de 4 minutos besa de forma insistente a la víctima sin su consentimiento.
Al respecto, la secretaria de Estado manifestó su rechazo al hecho y dijo que “como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos señalar que repudiamos todo hecho de violencia contra las mujeres”.
“Todas las mujeres que sufran delitos que tienen que ver con violencia de género, pueden encontrar acogida y representación en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (…) para eso no tenemos requisitos ni de condición socioeconómica, ni de lugar donde estén ubicadas y menos aún de quién es el agresor”, agregó.
En esa línea, la autoridad aseguró que “lamentablemente, en nuestro país, ya hay varios casos judicializados y también con algunas condenas respecto a violencia contra las mujeres ejercidas por alcaldes y concejales”.
“Los consejos municipales cuentan con todas las herramientas para poder mostrar a las mujeres y a la comunidad de su municipio que no avalan la violencia contra las mujeres y que no van a permitir que autoridades abusen de su cargo para cometer estos hechos graves”, añadió.
La ministra explicó que el Ministerio de la Mujer cuenta con representación judicial de las víctimas, por lo que siguen intentando comunicarse con la denunciante para ofrecer patrocinio jurídico y apoyo psicosocial.
“Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia posible para ellas”, acotó.
Orellana también recordó que en agosto de este año empieza la vigencia de la Ley Karin, que permite definir lo que se entiende por acoso laboral, sexual, discriminatorio y de violencia en el trabajo.
