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Corte Suprema acogió orden de no innovar del Ministerio Público Militar y ordenó que justicia civil se inhiba en causa de conscriptos de Putre

De este modo, se paralizó todo lo ordenado por el órgano persecutor a la espera de lo que decida el máximo tribunal.

Este viernes, la Corte Suprema acogió una orden de no innovar y ordenó al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica abstenerse de seguir con las diligencias en el caso de los Conscriptos de Putre.

De este modo, se paralizó todo lo ordenado por el órgano persecutor a la espera de lo que decida el máximo tribunal, incluido la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, quien falleció el pasado 27 de abril durante una instrucción militar.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público Militar, con el fin de no afectar la investigación del caso.

La decisión fue acordada con los votos en contra del ministro Llanos y el abogado Ferrada, quienes estuvieron por no dar lugar a la orden de no innovar.

El máximo tribunal indicó en la resolución que “sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”. 

Recordemos que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, había requerido la inhabilitación del tribunal civil al considerar que el caso debía ser investigado por la Justicia Militar.

El requerimiento generó una disputa legal, ya que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la causa debería permanecer en la justicia civil, puesto que se trataría de violaciones a los DD.HH.

Además, la directora del INDH, Consuelo Contreras, afirmó que el Estado chileno podría verse afectado por sanciones de tribunales internacionales al no respetar tratados relacionados a protección de DD.HH. si el caso es visto por la Justicia Militar.

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