Este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien enfrenta la imputación de cinco delitos de corrupción relacionados con el caso Farmacias Populares.
La resolución fue adoptada por la jueza Paulina Moya, quien acogió la petición de la Fiscalía tras considerar a Jadue como un “peligro para la sociedad”. La magistrada argumentó que las medidas cautelares de menor intensidad serían insuficientes, dada la gravedad de los delitos y las penas asociadas a estos.
Durante el periodo de investigación, el alcalde deberá permanecer en prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería, que alberga a reos de alta connotación pública cuyos delitos no son violentos.
La causa está bajo la dirección de la fiscal especializada Giovanna Herrera, quien solicitó la prisión preventiva para Jadue, acusándolo de fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal.
La medida ha generado diversas reacciones. Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, abordó las acusaciones de persecución política, enfatizando que en Chile existe igualdad ante la ley y que la Fiscalía actúa basada en antecedentes, sin considerar la afiliación política de los imputados.
Por su parte, Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista (PC), manifestó su disconformidad con la decisión judicial, mientras que Bárbara Figueroa, secretaria general de la misma tienda oficialista, calificó la medida como desproporcionada, aunque aseguró que no afectará el compromiso del PC con el Ejecutivo.