El sábado, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, lideró la promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres en razón de su género, iniciativa que se tramitó durante siete años en el Congreso Nacional y que regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la justicia para las víctimas.
La secretaria de Estado indicó que “esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como gobierno, antes de asumir incluso, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo por artículo”.
En este sentido, Orellana destacó que esta ley “crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares”.
También afirmó que la ley “incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.
La autoridad añadió que esto “permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación”.
Recordemos que la iniciativa fue presentada durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, además, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.
