El Juzgado de Garantía de Iquique citó a las partes involucradas en el caso Arenas-Yaryes a una audiencia de procedimiento abreviado y apercibimiento de cierre de la investigación para el 9 de agosto, a partir de las 10:00 horas.
Se trata de un caso que alcanzó un alto impacto en Iquique tras una entrevista que realizó Radio Paulina a la víctima Ema Camacho, quien interpuso una querella en contra de personas que se habían apropiado de su vivienda, en octubre de 2013.
Están involucrados siete personas, entre ellos, dos autoridades de la época: el exconcejal Felipe Arenas (ex UDI) y el exconsejero regional Javier Yaryes, quienes son imputados por haberse apropiado de forma fraudulenta de seis domicilios en Iquique, entre los años 2012 y 2016.
Los otros cinco imputados son la cónyuge del ex concejal Arenas, Katherine Ortega; y la pareja de pareja del exconsejero Yaryes, Carmen Sánchez; y su tía Claudia Blanco. Además de Aldo Solimano Quiroga y Nicolás Muñoz.
Juicio abreviado para exconcejal y exconsejero de Tarapacá
El exconcejal Arenas recibirá un segundo fallo judicial en su contra en menos de un mes, luego de que el pasado 1 de julio fuera condenado por el mismo tribunal, también en procedimiento abreviado, en el Caso Luminarias.
En detalle, Arenas recibió 3 años y un día y 718 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, como autor de los delitos consumados de fraude al fisco y cohecho reiterado.
En tanto, Yaryes también será sometido al procedimiento abreviado el próximo 9 de agosto, aunque el exconsejero regional pasó buena parte del juicio ejerciendo su cargo público y tomando decisiones sobre el presupuesto regional.
Cabe mencionar que la víctima Ema Camacho presentó la querella en 2017 y entregó su testimonio a Radio Paulina, lo que permitió dar con otros casos similares al suyo.
No obstante, Ema falleció en noviembre de 2020, sin conocer el resultado de su querella presentada en 2013. A diez años de dicha acción judicial, la justicia realizará un juicio abreviado a uno de los casos de mayor connotación pública de la región en la última década.
Según el expediente público del caso, la concreción de juicio abreviado del próximo 9 de agosto debió ser autorizada por la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, tras el acuerdo de los intervinientes que participaron en la audiencia que se realizó el pasado 27 de junio.
Regularmente en este tipo de procesos especiales, el Ministerio Público plantea una pena, y el o los acusados aceptan los hechos relatados por el ente persecutor, y posteriormente el tribunal dicta una condena.
Tras conocer la citación a la audiencia para dirimir este caso, el abogado querellante, Enzo Morales, criticó que al Ministerio Público, señalando que “en reserva, está negociando con las defensas de todos los imputados terminar el proceso penal mediante un juicio abreviado, cuyo contenido se hará público en la audiencia fijada para agosto, recién allí, como querellante, tomaré conocimiento del acuerdo”.
El jurista afirmó que el exconcejal Arenas y el exconsejero Yaryes “siempre fueron protegidos por el Ministerio Público y respaldados políticamente por la derecha local”.
“Eso se manifiesta por ejemplo en que Javier Yaryes, igualmente se tituló de abogado y se arrancó a vivir a La Serena y Nicolás Muñoz, sigue de funcionario de confianza del juez de policía local de Alto Hospicio y por si fuera poco, actualmente, es perito autorizado por la Corte de Apelaciones de Iquique”, comentó el abogado.
Fiscalía reformalizó investigación contra exautoridades por asociación ilícita
En enero de 2021 la Fiscalía de Tarapacá reformalizó al exconcejal Arenas, al entonces consejero regional Yaryes, y otros cinco particulares (ya mencionados) por los delitos de asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de documento público, estafas reiteradas, celebración de contrato simulado, usurpación de nombre y lavado de activos.
El Ministerio Público estableció que los imputados, entre los años 2012 y 2016, se habrían apropiado de forma fraudulenta de seis domicilios en la ciudad de Iquique.
En la audiencia de formalización, el fiscal Guillermo Arriza indicó que los imputados, previamente concertados y aprovechando la información que disponían y sus conocimientos en derecho, se organizaron para apropiarse de diversos inmuebles en perjuicio de sus verdaderos propietarios y cuyo valor real superaba con creces al avalúo fiscal.
Para esto utilizaban a terceras personas aprovechándose de su vulnerabilidad para que manifestaran falsamente ser poseedores de dichos inmuebles en una escritura pública y así poder inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces, y luego de sucesivas inscripciones, inscribirlos finalmente a nombre de los imputados Arenas y Yaryes, quienes eran líderes de la organización.
Una vez que se lograban apoderar de las propiedades, los imputados Arenas y Yaryes, con la participación de alguno de los otros miembros de la asociación, efectuaban la venta real de los inmuebles, obteniendo a cambio abultadas sumas de dinero que luego intentaban disimular, incluso con la formación de una sociedad de papel, con el fin de ocultar el origen ilícito de estos fondos.
El fiscal detalló las acciones desplegadas por los imputados para la adquisición fraudulenta de cinco propiedades, de las cuales tres pertenecían a la Municipalidad de Iquique en virtud de la Ley Lynch, que creó la provincia del Tarapacá, el año 1884.
Otras viviendas pertenecían a particulares y una a la Sociedad de Panaderos y Socorros Mutuos de Iquique. Sobre los montos involucrados, en uno de los hechos la Fiscalía explico que la propiedad finalmente la vendieron a 50 millones de pesos.
