La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el proyecto que establece con claridad el alcance del principio de confianza legítima para empleados a contrata en el sector público.
Este busca resolver la controversia generada por un dictamen de la Contraloría que derivó a sede judicial la decisión sobre cuántas renovaciones son necesarias para garantizar la continuidad en el cargo.
El proyecto establece que, a partir de la segunda renovación consecutiva de un contrato a contrata, el empleado tendrá la confianza legítima de seguir desempeñándose en su cargo. Esta interpretación se aplicará tanto al Estatuto Administrativo como al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Además, la iniciativa indica que, salvo que exista una razón justificada y debidamente acreditada mediante un acto administrativo, se entenderá que los contratos a contrata deben ser renovados anualmente con las mismas condiciones.
También se presume que la cesación en el cargo solo puede ocurrir en caso de destitución por un proceso disciplinario o una calificación anual que lo permita.
El proyecto no pretende modificar la carrera funcionaria regulada en el título II del Estatuto Administrativo, sino garantizar una interpretación más precisa de las normas vigentes, reforzando la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.
