El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a dos carabineros por los delitos de apremios ilegítimos y daños contra estudiantes de la Universidad Arturo Prat durante incidentes ocurridos el 15 de noviembre de 2018. La investigación estuvo a cargo del fiscal de delitos violentos, Francisco Almazán, y la Brigada de Homicidios de la PDI.
Según se acreditó en el juicio, el cabo primero Marcelo Alarcón Collao, en su calidad de funcionario de Fuerzas Especiales, agredió a un estudiante identificado como P.C.F. al interior de la universidad.
Alarcón lo derribó, lo golpeó y destruyó su teléfono móvil al percatarse de que registraba los operativos policiales. Posteriormente, detuvo al estudiante bajo una acusación falsa de agresión a una carabinera, lo que fue desestimado en tribunales. La víctima sufrió fracturas de nariz y costilla.
Dentro de un bus policial, Rodrigo Illesca Espinoza, también de Fuerzas Especiales, continuó con las agresiones contra P.C.F. y atacó a otras dos estudiantes, identificadas como M.A.V. y O.S.V., quienes estaban esposadas. Ambas sufrieron lesiones leves producto de los golpes.
En el juicio, el fiscal Francisco Almazán explicó que el tribunal desestimó las defensas de los acusados, quienes argumentaron haber actuado en el marco de sus funciones. “El tribunal estableció que Alarcón Collao y Illesca Espinoza abusaron de sus cargos al agredir a estudiantes desarmados, excediendo completamente sus atribuciones”, afirmó el fiscal.
La Fiscalía presentó más de 15 testigos, incluidas las víctimas, funcionarios de Carabineros y peritos del Servicio Médico Legal. También se incorporaron videos de cámaras de seguridad que captaron los hechos, aunque no fue posible acceder a las grabaciones del bus policial debido a la pérdida del material en un sumario administrativo.
El tribunal condenó a Marcelo Alarcón Collao, dado de baja por Carabineros, como autor de apremios ilegítimos y daños simples. Por su parte, Rodrigo Illesca Espinoza, quien aún pertenece a la institución, fue condenado por tres delitos de apremios ilegítimos. La Fiscalía solicitó penas de cinco años de presidio para Illesca y tres años más 540 días para Alarcón.
La sentencia será leída el próximo 27 de diciembre, iniciándose el plazo para eventuales apelaciones por parte de las defensas.
