La Fiscalía de la Corte Penal Internacional formalizó la ampliación de la denuncia en contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien es investigada por la muerte de más de 50 peruanos y los 344 ciudadanos que resultados heridos debido a la represión policial durante las protestas ocurridas entre enero de 2022 y febrero de 2023.
Luego de la destitución de Pedro Castillo, Boluarte asumió la presidencia del Perú, sin embargo, ciudadanos de distintas regiones del país como Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Ayacucho y Arequipa protestaron en su contra exigiendo la convocatoria a elecciones generales.
Durante las manifestaciones, se registraron hechos de represión contra la población por parte de las fuerzas del orden. En ese sentido, la Fiscalía investiga a los responsables de las muertes y lesiones ocurridas.
“La ampliación a que hacemos referencia se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimientos jurídicos de la CPI”, se lee en el comunicado.
Según el comunicado firmado por 18 figuras políticas, la ampliación de la denuncia contra la presidenta Boluarte se debe a que, desde agosto de 2024, “han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú”, luego de constatar que aún no hay una condena por los hechos denunciados y que ninguna persona ha sido llevada a juicio por el Poder Judicial.
“En efecto, desde agosto de 2024 a la fecha, han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos, nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial. Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en el comunicado.
Asimismo, los ciudadanos indicaron que con el apoyo de organizaciones internacionales buscarán “promover la creación de una Comisión de la Verdad, que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables”.
Cabe mencionar que el gobierno de Dina Boluarte es acusado e investigado por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas y movilizaciones sociales en su contra.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las fuerzas de seguridad del Estado habrían usado una fuerza desmedida desde diciembre de 2022, que dejó muertes y heridas entre los manifestantes.
