Este martes, el Juzgado de Garantía de Iquique dictó el auto de apertura del juicio en contra de los ocho imputados por la Fiscalía en el “Caso Cajas de Alimentos”, acusados de cometer el delito de fraude al fisco y organismos del Estado.
En la audiencia de preparación, dirigida por el magistrado Frederick Roco, se establecieron los hechos del auto de apertura que dan paso al juicio en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Iquique, el que deberá fijar la fecha de inicio de este proceso.
Entre los ocho acusados se encuentran el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN); a quienes la Fiscalía solicita 10 años de presidio y 7 años de inhabilitación para cargos públicos.
También se encuentran imputados el director de finanzas, Jhonny Muñoz Cancino y los empresarios gastronómicos Gabriel Diaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Ximena Ciudad Varela y Juan Ayala Brito.
Preparación de juicio oral
La audiencia se extendió por cerca de cinco horas con la revisión de una serie de aspectos relacionados con la acusación presentada por los querellantes. También se determinó la prueba que la Fiscalía y las defensas rendirán en el juicio y los términos y calificaciones jurídicas por parte de los intervinientes.
En primer lugar, el juez Roco hizo un resumen de las acusaciones que afectan a los 15 acusados en el caso. De estos, seis recibieron una suspensión condicional y se dictó una sentencia para uno, dejando a ocho imputados activos que irán a juicio oral. Luego, el tribunal determinó omitir la lectura de las acusaciones y se discutió la presentación de alegaciones por parte de las defensas de los imputados.
El magistrado también indicó que la prueba que utilizará el Ministerio Público y los querellantes particulares e institucionales está constituida por la prueba testimonial, documental, pericial y otros medios de prueba. También se detallaron las pruebas con que se valdrán los ocho imputados en el caso.
Asimismo, el tribunal rechazó todas las exclusiones de prueba y mantuvo la totalidad de la prueba presentada por la Fiscalía para ser rendida en el próximo juicio oral que tendrá una duración estimada de tres meses.
En detalle, el Ministerio Público presentará diversos medios probatorios, entre ellos, 692 documentos y 85 evidencias materiales como correos, órdenes de compras, oficios y resoluciones de la Intendencia Regional de Tarapacá; además de 4 pericias y 69 testigos.
La Fiscalía de Tarapacá podrá rendir sus medios probatorios en el marco del próximo juicio oral respectivo, cuya fecha de inicio será determinada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique.
Al finalizar la audiencia, el abogado querellante particular, Enzo Morales, emplazó a los parlamentarios y exautoridades de la región para que asuman responsabilidades, afirmando que estos políticos “respaldaron a los acusados” en el fraude que afectó gravemente al Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá durante la pandemia.
“Llegó la hora que Luz Ebensperger, Renzo Trisotti y Ramón Galleguillos asuman su responsabilidad en el fraude millonario que perjudicó en $500.000.000 al Gobierno Regional y la Intendencia durante la pandemia COVID-19. A ellos se les confió la conducción del gobierno regional y los acusados de fraude eran de su confianza política”, expuso.
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) March 25, 2025
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“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la exconsejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
