El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó durante la noche del jueves que los funcionarios de Carabineros que operaban el carro lanza gases (conocido como “zorrillo”) involucrado en la muerte de dos hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental, se encuentran en calidad de imputados y a disposición del Ministerio Público.
En un punto de prensa, el secretario de Estado lamentó profundamente la tragedia y expresó las condolencias del Gobierno a las familias afectadas. “El fútbol debe ser un espectáculo seguro para las familias, sin riesgos ni violencia. Es obligación de todos actuar con responsabilidad”, afirmó.
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, en el contexto del partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil, por Copa Libertadores. En las afueras del estadio se produjo una avalancha de personas que intentaban ingresar sin entradas. Según los primeros antecedentes, una reja metálica fue derribada y los dos jóvenes, de 13 y 18 años, murieron aplastados. Testigos afirman que un carro policial habría pasado por encima de la estructura caída.
El ministro Cordero detalló que el funcionario que conducía el vehículo fue apartado de sus funciones operativas y que Carabineros inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Además, el Ejecutivo instruyó la suspensión del encuentro deportivo, decisión que fue adoptada pese a la resistencia inicial de los organizadores del evento.
En paralelo, el Gobierno confirmó la renuncia de Pamela Venegas, encargada del programa Estadio Seguro, la que fue aceptada “inmediatamente”.
La Fiscalía designó a la SIAT, OS9 y Labocar para desarrollar las pericias correspondientes, mientras que la Corte de Apelaciones ya solicitó los informes pertinentes para continuar con la investigación de los hechos. El caso reabre el debate sobre la efectividad del plan Estadio Seguro y los protocolos de seguridad en eventos masivos.