El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique fijó para el 3 de junio el inicio del juicio en contra de los ocho imputados por la Fiscalía en el “Caso Cajas de Alimentos”, acusados de cometer el delito de fraude al fisco y organismos del Estado.
El caso estalló en junio de 2020, luego que un reportaje de Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos y una chef consiguieron una millonaria licitación. La investigación reveló que la Intendencia de Tarapacá otorgó contratos con montos pagados superiores al promedio nacional, generando un perjuicio al fisco por más de $500 millones.
Entre los ocho acusados se encuentran el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN); a quienes la Fiscalía solicita 10 años de presidio y 7 años de inhabilitación para cargos públicos.
También se encuentran imputados el director de finanzas, Jhonny Muñoz Cancino, y los empresarios gastronómicos Gabriel Diaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Ximena Ciudad Varela y Juan Ayala Brito.
En el juicio oral, el Ministerio Público presentará diversos medios probatorios, entre ellos, 692 documentos y 85 evidencias materiales como correos, órdenes de compras, oficios y resoluciones de la Intendencia Regional de Tarapacá; además de 4 pericias y 69 testigos.
La Fiscalía de Tarapacá podrá rendir sus medios probatorios y evidencias reunidas en estos más de cuatro años de investigación para acreditar la participación de los ocho imputados.
El juicio programado para el 3 de junio, a las 8:30 horas, se podría extender por tres meses debido a la gran cantidad de medios de prueba y testigos que presentará el Ministerio Público y los abogados defensores.
El abogado querellante particular, Enzo Morales, recordó que recientemente “el Juzgado de Garantía rechazó todas las exclusiones de prueba que formularon las defensas y mantuvo la totalidad de la prueba de cargo para ser rendida el próximo 3 de junio”.
“Esto es a modo ejemplar más de setenta testigos, más de setecientos documentos, una decena de peritos y alrededor de cien evidencias materiales y digitales, más la prueba de los acusados”, agregó.
Además, el jurista emplazó a los parlamentarios de la época a que “rindan cuenta de la actuación del intendente regional y de la jefa planificación, quienes junto a otros funcionarios y particulares perjudicaron el patrimonio del Gobierno Regional en más de $500 millones con los sobreprecios que se impuso a las cajas de alimentos durante la pandemia de covid-19”.
“En ellos se confió la conducción del gobierno y cometieron delitos a juicio de la Fiscalía junto al intendente Miguel Ángel Quezada y la jefa de planificación, Daniela Solari. Enfrentarán también el juicio Lilian Plaza Bravo, jefa de gabinete del intendente; Johnny Muñoz Cancino que era el director de administración y finanzas de la época; y los empresarios gastronómicos Gabriel Díaz Durán, Rodrigo Vega Laferte, primo de Daniela Solari Vega; y el matrimonio de Ximena Ciudad Varela y Juan Ayala Brito de la empresa Ciudad Eventos”, expuso el abogado.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la exconsejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
