En abril pasado, la Corte Suprema ratificó el rechazo a un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones por el Municipio de Iquique para dejar sin efecto una resolución de la Contraloría Regional de Tarapacá que instruía reincorporar a una funcionaria del Primer Juzgado de Policía Local que fue destituida de su cargo en septiembre de 2023.
El caso comenzó en marzo de 2019, cuando se instruyó una investigación sumaria en contra de la trabajadora Anita Vallette para establecer la veracidad de los hechos denunciados por un grupo de funcionarios del tribunal, que depende administrativamente del municipio, y su presunta responsabilidad administrativa.
Después de más de 4 años de tramitación del proceso disciplinario, la casa edilicia liderada por el alcalde Mauricio Soria destituyó a la funcionaria el 13 de septiembre de 2023, incluso el municipio se pronunció sobre un recurso de reposición presentado por la afectada desestimándolo y manteniendo firme la destitución.
“Como antecedente de contexto, señala que en 2019 la Asociación de Funcionarios denunció a doña Anita Vallette por acoso laboral, lo que llevó a la Municipalidad de Iquique a iniciar un sumario administrativo que concluyó con su destitución mediante el Decreto Alcaldicio N°703/2023”, se detalla en el fallo de la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, una resolución exenta de la Contraloría Regional de Tarapacá acogió un reclamo de ilegalidad por vicios de legalidad cometidos en el procedimiento disciplinario y rechazó el recurso de reposición interpuesto por el municipio.
En tanto, la Municipalidad de Iquique presentó un recurso de protección contra la resolución de la Contraloría, primero ante la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema, siendo rechazada la acción en ambos tribunales.
“En virtud del artículo 8° de la Ley N°15.231, se sostuvo que la Municipalidad
carecía de competencia para sancionar a la funcionaria, ya que dicha materia sería
de exclusiva competencia de la Corte de Apelaciones correspondiente”, se agrega en el fallo.
De esta forma, el municipio de Iquique acogió lo resuelto por la Contraloría Regional de Tarapacá y dejó sin efecto todos los decretos y actos administrativos en el marco de este procedimiento que terminaron con la destitución de la funcionaria.
Según un decreto alcaldicio con fecha del 25 de abril, la casa edilicia ordenó la reincorporación inmediata de la trabajadora en su cargo de secretaria abogada titular del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique. De hecho, la afectada se reintegró a sus funciones el pasado 15 de mayo.
También se instruyó el pago íntegro de las remuneraciones no percibidas por la trabajadora del Primer Juzgado de Policía Local producto de su destitución, siendo un monto de al menos 80 millones, sin considerar IPC acumulado y reajustes.
Radio Paulina consultó al municipio si se iniciará un proceso administrativo que busque responsabilidades funcionarias derivadas del sumario inicial y si es que la casa edilicia ha estimado el costo que significó llevar adelante el proceso hasta la Corte Suprema para mantener la decisión de expulsión de la funcionaria.
Desde la municipalidad indicaron que “como es nuestra costumbre frente a fallos judiciales como al que se hace referencia, estos son acatados por nosotros y no emitimos comentarios referentes a ellos”.
“Al reintegrarse a sus funciones la persona señalada, respecto del funcionario que cumplía las labores de la primera, se aplicará las normativas que establece el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales para estos casos”, agregaron.
