La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expuso en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde advirtió sobre los efectos que tendría la restricción de la Unidad de Fomento (UF) en contratos como arriendos, créditos hipotecarios, planes de salud y servicios educacionales.
La iniciativa, actualmente en debate en el Congreso, cuenta con respaldo en algunos sectores políticos, pero ha recibido reparos desde el sector privado, especialistas y el propio Ministerio de Hacienda, quienes advierten que limitar la UF afectaría especialmente el acceso a los créditos hipotecarios, alza en las tasas de interés y mayores costos para los usuarios.
El debate se origina en dos mociones parlamentarias. La primera busca que los cobros de arriendos, matrículas y aranceles de educación, cotizaciones de salud y créditos hipotecarios se realicen en pesos y no en UF. La segunda, en tanto, prohíbe expresamente que los servicios educacionales puedan fijar sus precios en la unidad reajustable.
Costa explicó que, aun cuando se fijen precios en pesos, ello no impide que se renegocien las condiciones de un contrato ante cambios de mercado, más allá de la inflación. Sin embargo, subrayó que la eliminación o limitación de la UF “tendría efectos negativos, particularmente en los contratos de largo plazo”, como los hipotecarios.
La presidenta del instituto emisor recordó que la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central establece que es la entidad la que debe autorizar los sistemas de reajuste que utilizan los bancos. Además, precisó que, en caso de cambios, estos no afectarían a los créditos ya vigentes, limitándose solo a los contratos nuevos.
