El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió un amparo interpuesto en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte (Cormudespa), luego de que el organismo se negara inicialmente a entregar antecedentes sobre funcionarios que habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.
La decisión fue adoptada durante la sesión N°1555 del Consejo, celebrada el 9 de octubre de 2025, y se basa en una solicitud de información presentada el 24 de junio de 2025. El requerimiento pedía conocer el número de sumarios administrativos instruidos por esta causa, el total de funcionarios dependientes del organismo, y el detalle de los procesos finalizados o con sanciones.
Cormudespa rechazó en primera instancia la entrega de los antecedentes, argumentando que la información solicitada se encontraba protegida por la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, al involucrar datos personales y sensibles relacionados con investigaciones en curso. Sin embargo, el CPLT determinó que el fundamento no era suficiente para negar el acceso a información de carácter público y de interés general.
Tras la admisión del amparo, el Consejo ofició al municipio, lo que derivó en la entrega tardía de la información requerida. Finalmente, la corporación confirmó que 87 funcionarios fueron objeto de procesos disciplinarios por viajar al extranjero durante licencias médicas. De ellos, 17 pertenecían al Departamento de Educación, 33 al de Salud y 37 a la Administración Central, todos bajo resoluciones exentas dictadas el 27 de mayo de 2025.
En su resolución, el Consejo concluyó que la entidad incumplió los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia (N°20.285), y que la entrega de los datos, si bien se concretó, fue extemporánea, afectando el principio de oportunidad en el acceso a la información pública.
El fallo ordenó acoger el amparo y dispuso la notificación correspondiente al alcalde de Pozo Almonte, quien preside la corporación, y al solicitante. Asimismo, el CPLT recordó que, conforme a la ley, no procede la interposición de reclamo de ilegalidad, ya que la información fue finalmente entregada.
El Consejo enfatizó la importancia de que las instituciones municipales garanticen el cumplimiento de los plazos y obligaciones de transparencia activa y pasiva, especialmente en materias relacionadas con la función pública y la probidad administrativa.
La resolución fue adoptada por los integrantes del Consejo Directivo, encabezados por la presidenta Natalia González Bañados, junto a la consejera María Jaraquemada Hederra, y los consejeros Bernardo Navarrete Yáñez y Roberto Munita Morgan, con la certificación de la directora jurídica Ana María Muñoz Massouh.
