Un joven estuvo más de dos meses preso por una acusación que finalmente no siguió adelante. El Ministerio Público, tras ser apercibido por la defensa, comunicó el cierre de la investigación y su decisión de no perseverar, confirmando que no existían antecedentes suficientes para sostener la imputación contra el joven.
La investigación que mantuvo al joven acusado de violación en prisión preventiva fue cerrada luego de que la Fiscalía Regional de Arica informara que no continuaría con el caso.
Esta decisión respaldó lo que la Defensoría Penal Pública de Arica planteó desde el inicio, es decir, que no habían elementos que justificaran la imputación, ni la tan gravosa medida cautelar que lo mantuvo privado de libertad por más de dos meses, y posterior a eso, cuatro meses en arresto domiciliario.
En un comunicado, la Defensoría indicó que este caso evidenció las consecuencias de aplicar prisión preventiva sin fundamentos claros. Además, enfatizaron que la falta de evidencia suficiente para mantener la acusación volvió a poner en discusión el uso de esta medida en causas donde los antecedentes no son sólidos.
Desde la institución señalaron que el daño sufrido por el joven es significativo: perdió su libertad, vio interrumpido su proyecto laboral y educativo, y enfrentó exposición pública y estigmatización, afectando también a su familia. Aunque el caso se haya cerrado, las consecuencias personales y sociales no desaparecen de inmediato.
