La Corte de Apelaciones de Iquique inhabilitó al ministro de la Primera Sala del tribunal de alzada, Andrés Provoste, para pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por los querellantes particulares del “Caso Cajas de Alimentos” por el pago de las costas del juicio.
La inhabilitación se produjo días después de que el abogado Enzo Morales solicitara formalmente la recusación amistosa del juez por mantener con alguna de las partes una “amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”.
En la solicitud, el jurista pidió que se declare la inhabilidad del juez para conocer este proceso judicial, que se abstenga de conocer la vista de la causa y dictar sentencia por concurrir a la causal prevista en el numeral 15 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales (COT).
De hecho, el tribunal dio cuenta de ese parentesco en una constancia ingresada el 26 de noviembre, donde se detalla que el ministro Provoste es cónyuge de María Osorio, quien contrató los servicios de la abogada y exjefa de Gabinete de la Intendencia, Lilian Plaza Bravo, quien fue absuelta de los cargos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en octubre pasado.
“El ministro Andrés Provoste Valenzuela es cónyuge de doña María Teresa Osorio Llanos, quien contrató los servicios de los abogados Andrés Cappona Basurco y Lilian Plaza Bravo, en una causa administrativa seguida actualmente ante el organismo que fuera el Servicio Nacional de Menores, se deja constancia para los fines pertinentes. Iquique, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco”, señala el escrito ingresado por el secretario de la Corte de Apelaciones, Alfredo Gahona.
Cabe mencionar que el diputado Matías Ramírez (PC), el ex consejero regional, Pedro Cisternas (PC); el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el abogado Morales presentaron un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique que los condenó a pagar un total de $64 millones por las costas del juicio que comenzó en junio de 2025.
Además, el exjefe de administración y finanzas de la Intendencia, Jhonny Muñoz, y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex Rn), se adhirieron al recurso de apelación, pidiendo que se modifique la sentencia y se aumente el valor de las costas que deben pagar los querellantes particulares.
El recurso fue acogido por el tribunal el pasado 9 de octubre y fue elevado a la Corte de Apelaciones de Iquique, instancia que deberá fijar una fecha para revisar la acción judicial de los querellantes particulares.
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