La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, decisión que implica su destitución inmediata del máximo tribunal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
El primer capítulo del libelo, que imputaba al magistrado una falta grave al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa BelAz Movitec, fue aprobado de manera unánime por los 43 senadores y senadoras presentes, convirtiéndose en el fundamento principal de la destitución.
En tanto, el segundo capítulo —relativo a conflictos de interés en nombramientos notariales— fue rechazado, al no alcanzar el quórum requerido, registrando 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. El tercer capítulo, vinculado al denominado caso Fundamenta, sí fue aprobado, con 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, al estimarse reiteradas infracciones al deber de abstención y probidad.
Durante la sesión, los senadores Pedro Araya y Francisco Chahuán se inhabilitaron de participar en la votación, invocando causales de conocimiento previo y vínculos personales con el acusado.
En sus intervenciones, distintos parlamentarios coincidieron en que la conducta del ahora exministro afectó gravemente la confianza pública en el Poder Judicial. Si bien se recalcó que la acusación constitucional no evalúa el contenido jurídico de los fallos, se enfatizó que la omisión de inhabilitarse frente a relaciones personales y profesionales relevantes constituye una vulneración grave a los estándares de probidad exigidos a un ministro de la Corte Suprema.
Con esta decisión, el Senado dio por acreditado el notable abandono de deberes, cerrando uno de los procesos políticos más relevantes del último tiempo en el ámbito judicial y marcando un precedente en materia de responsabilidad constitucional de altas autoridades.