La Contraloría General de la República volvió a poner en el foco público la situación financiera de la Municipalidad de Pozo Almonte, luego de publicar esta semana su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), documento nacional que reúne los principales hallazgos detectados en auditorías financieras realizadas a 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024.
La difusión de este consolidado —emitido el miércoles 24 de diciembre— es la razón por la cual informes elaborados con anterioridad, como el Informe Final de Auditoría Financiera N° 271 de 2023, correspondiente a los estados financieros municipales al 31 de diciembre de 2022, vuelven a adquirir relevancia pública, al quedar incorporados dentro de un análisis comparativo de alcance nacional.
En el caso de Pozo Almonte, la Contraloría se abstuvo de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, al no contar con evidencia suficiente y adecuada que respaldara los saldos contables informados.
El informe advierte debilidades importantes y deficiencias significativas, entre ellas la inexistencia de análisis de cuentas, registros contables inconsistentes, saldos irregulares en cuentas de caja y banco, ausencia de conciliaciones bancarias oportunas, deudas de antigua data sin regularización y falencias en los controles internos.
Asimismo, el documento también identifica problemas en materia de gestión administrativa y tecnológica, como procesos institucionales no formalizados, falta de mecanismos de identificación y evaluación de riesgos, y deficiencias en los sistemas de información contable, además de equipos computacionales sin licencias de software y ausencia de políticas de seguridad de la información.
Respuesta municipal
Tras la difusión del CRA y la cobertura mediática asociada, la Municipalidad de Pozo Almonte emitió un comunicado de prensa el 26 de diciembre, en el que explicó que las observaciones formuladas por la Contraloría tienen su origen en registros administrativos y financieros generados con anterioridad al año 2018, cuyos efectos contables se reflejaron posteriormente, especialmente en los años 2021 y 2022, al momento de revisar y consolidar la información financiera.
Desde la casa edilicia señalaron que durante el proceso de fiscalización no fue posible encontrar respaldos documentales físicos de ciertos pagos realizados en años anteriores, lo que derivó en diferencias e inconsistencias detectadas por el organismo contralor.
El municipio afirmó que una parte importante de las observaciones ya fue subsanada, gracias a un trabajo técnico de reconstrucción de información, y que aquellas que permanecen abiertas responden exclusivamente a la inexistencia de documentación, lo que ha impedido cerrar completamente algunos registros contables.
Asimismo, la administración comunal sostuvo que ha actuado de manera responsable, transparente y conforme a la normativa vigente, manteniendo una colaboración permanente con la Contraloría y avanzando en los procesos de regularización pendientes.
El consolidado nacional de la Contraloría advierte que situaciones como las detectadas en Pozo Almonte no son aisladas, sino parte de un problema estructural en diversas instituciones públicas, donde la falta de controles internos adecuados impide contar con información financiera confiable y una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía.