El Gobierno descartó avanzar en un plan de regularización para los cerca de 180 mil migrantes empadronados, decisión que quedará en manos de la próxima administración que encabezará el presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
Así lo confirmó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que no existe un proceso de regularización en curso ni a corto plazo, argumentando que este tipo de medidas requieren plazos extensos, capacidad institucional y consensos políticos amplios.
Las declaraciones surgen luego de que la exministra del Interior, Carolina Tohá, planteara la necesidad de regularizar a las personas empadronadas para evitar que sean las primeras en enfrentar procesos de expulsión bajo el nuevo gobierno.
Al respecto, Vallejo sostuvo que “no es posible resolver un proceso de regularización en tres o cuatro semanas”, enfatizando que se trata de una política de Estado que debe ser evaluada con responsabilidad por la próxima administración.
La vocera de Gobierno defendió además el proceso de empadronamiento impulsado por el Ejecutivo, indicando que permitió identificar a cerca de 180 mil personas en situación migratoria irregular, recopilando información relevante sobre vínculos familiares, laborales y residencia en el país.
Según explicó, todos estos antecedentes serán traspasados al nuevo gobierno, el que deberá definir si avanza en una regularización total, parcial o en otras medidas en materia migratoria.