El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, destacó la disposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para continuar colaborando en la investigación del homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Tras reunirse con la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, Valencia señaló que la respuesta del gobierno norteamericano fue “muy favorable”, reafirmando la cooperación entre ambos países para esclarecer el crimen ocurrido en Chile.
El fiscal nacional explicó que dentro de las diligencias que se analizan se encuentra la posibilidad de solicitar declaración al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Según detalló, al tratarse de una persona que no se encuentra en territorio chileno, la solicitud deberá tramitarse a través de mecanismos de cooperación internacional con las autoridades estadounidenses. “Lo que procede conforme a nuestro derecho es solicitar cooperación a las autoridades de Estados Unidos, que es el país bajo cuya jurisdicción se encuentra, para tramitar esa petición conforme a las reglas de cooperación”, explicó Valencia.
El fiscal nacional indicó que el equipo investigador, liderado por el fiscal regional coordinador contra el crimen organizado Héctor Barros, ya elaboró un cuestionario con las preguntas que eventualmente podrían formularse en el marco de esta diligencia.
No obstante, precisó que la realización del interrogatorio también dependerá de la disposición de Maduro a colaborar con la investigación.
Durante la reunión también se abordaron materias de cooperación bilateral relacionadas con el combate al crimen organizado, particularmente investigaciones vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua.
Además, Valencia informó que se conversó sobre una investigación por lavado de activos desarrollada en el norte de Chile, especialmente en Iquique, relacionada con un fraude cometido en Estados Unidos.
En esa causa se indaga el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares que habrían pasado por el sistema financiero del norte del país, recursos que tendrían origen en estafas que afectaron a ciudadanos estadounidenses.
El fiscal nacional indicó que estos antecedentes ya eran conocidos por la fiscal general estadounidense, quien reiteró la disposición de su país a continuar cooperando con las investigaciones que se desarrollan en Chile.