Diversos gremios empresariales y mineros expresaron su preocupación luego que el Segundo Tribunal Ambiental dejara parcialmente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
La decisión judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa, cuya inversión supera los 3.200 millones de dólares y que había sido aprobada originalmente en diciembre de 2021, siendo posteriormente ratificada por el Comité de Ministros en agosto de 2023.
Tras conocerse el fallo, distintos gremios advirtieron que la resolución genera incertidumbre para futuras inversiones estratégicas y podría afectar el empleo y la actividad económica regional.
Consejo Minero cuestiona incertidumbre regulatoria
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, también se refirió al fallo y advirtió efectos sobre la certeza jurídica del país.
“Genera preocupación respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile”, sostuvo Villarino en una declaración pública.
“Estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$3.200 millones invertidos y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria”, agregó.
Para el abogado, la situación “reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos”.
En esa línea, afirmó que resulta contradictorio que exista consenso sobre la necesidad de impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones, mientras se reabren cuestionamientos sobre permisos ya otorgados por el propio Estado.
“El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile”, concluyó.
AII advierte impacto en la economía regional
La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal manifestó su “profunda preocupación” por la decisión judicial y sostuvo que este tipo de resoluciones afectan la certeza jurídica y la confianza inversionista.
En una declaración pública, el gremio señaló que revertir años después una autorización ambiental otorgada por la institucionalidad vigente “introduce un nivel de incertidumbre incompatible con la necesidad de atraer, ejecutar y sostener inversiones productivas de largo plazo”.
La AII recalcó además la relevancia económica de Collahuasi para Tarapacá, destacando que la operación minera genera cerca de 7 mil empleos directos e indirectos y moviliza una extensa red de proveedores y servicios asociados.
“Este fallo no afecta únicamente la planificación de una compañía, sino también a todo el ecosistema productivo regional”, indicó la organización.
Asimismo, el gremio enfatizó que el desarrollo sostenible y la protección ambiental no deben ser incompatibles con la inversión productiva, aunque insistió en la necesidad de contar con reglas claras y estabilidad institucional.
SONAMI: “Señal preocupante para el clima de inversión”
La Sociedad Nacional de Minería también reaccionó al fallo y advirtió efectos negativos sobre el clima de inversión en el país.
El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, sostuvo que la resolución “envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo”.
El dirigente añadió que el fallo vuelve a instalar el debate sobre la excesiva permisología y la falta de estabilidad en los procesos de autorización ambiental.
“Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado”, afirmó.
SONAMI recordó además que el proyecto de continuidad operacional de Collahuasi representa una de las inversiones mineras más relevantes del país y que la compañía aporta cerca del 46,8% del PIB regional de Tarapacá.
APRIMIN alerta efectos sobre proveedores
Por su parte, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, manifestó preocupación por el impacto que la decisión podría tener sobre la cadena de proveedores mineros.
El presidente del gremio, Ari Bermann, afirmó que este tipo de fallos no solo afectan a las compañías titulares de proyectos, sino también a miles de trabajadores y empresas de servicios que planifican inversiones a largo plazo.
“Necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas”, señaló la organización.
APRIMIN sostuvo además que Chile debe ser capaz de compatibilizar sostenibilidad ambiental con inversión y desarrollo económico, evitando escenarios de incertidumbre regulatoria.
Las declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre permisología, evaluación ambiental y seguridad jurídica para proyectos estratégicos.
Los gremios coincidieron en que las regiones mineras, especialmente Tarapacá, requieren estabilidad institucional y señales claras para continuar impulsando inversiones de largo plazo, empleo y desarrollo económico sostenible.